Carlos Rozanski: “La libertad de expresión no tiene nada que ver con los delitos que algunos pretenden cometer en su nombre”

El jurista que condenó a algunos de los máximos represores de la última dictadura militar argentina, charló con la FIP sobre la relación entre manipulación, discursos de odio, libertad de expresión y ejercicio periodístico.

Carlos Rozanski: “La libertad de expresión no tiene nada que ver con los delitos que algunos pretenden cometer en su nombre”

Entre las múltiples problemáticas que el COVID-19 vino a profundizar, la crisis de credibilidad ha sido uno de los temas más expuestos a raíz de la necesidad de confianza que demanda la gestión de una pandemia. Desde dudas sobre medicamentos hasta hipótesis sobre los orígenes del virus, la credibilidad de los medios ha mostrado sus límites en 2020, pero el fenómeno es sólo otro síntoma de una degradación de larga data que tiene a lxs trabajadores de prensa como parte de la cuestión.

Con procedimientos como el Lawfare y sus consecuencias para la política global cada vez que los discursos de odio manipulan agendas públicas, el valor de la verdad en ciertas instancias del ejercicio periodístico parece escasear cuando más se lo necesita. Del mismo modo, se vuelve necesario pensar los mecanismos legales que enmarcan y regulan el ejercicio la libertad de expresión.

Por eso, y con el escándalo por espionaje ilegal a periodistas y políticos durante el gobierno de Mauricio Macri como contexto, la FIP entrevistó al ex juez federal argentino Carlos Rozanski, un jurista con 30 años de experiencia y el presidente del tribunal que condenó a uno de los represores más poderosos de la última dictadura militar argentina, Miguel Etchecolatz.

FIP: El COVID-19 y la brutalidad policial expusieron como nunca la circulación de discursos de odio y mentiras en medios de comunicación y plataformas de redes sociales. ¿Necesitamos crear nuevas nociones legales para hacer frente a los problemas que estamos viviendo y que atañen a la libertad de expresión y las redes?

Carlos Rozanski: Es importante hacer una distinción entre una nueva legislación que sería útil poder tener para abarcar situaciones nuevas o formas de agresión nuevas, y aquella legislación que ya tenemos y que hay que aplicar. La diferencia es que una nueva legislación tarda porque requiere elaboración y sanción. Muchas veces el poder político posterga cualquier actuación adecuada ante ciertos hechos porque aduce que no hay una ley específica sancionada,  pero, por ejemplo, en el caso de Argentina, la Constitución Nacional incluye desde 1994 todas las Convenciones Internacionales sobre DDHH y ahí están todas las garantías de la vida comunitaria incluida la actividad periodística. Más allá de que siempre está bien que se legisle mejor de acuerdo a las novedades que se vayan presentando, hay que tener conciencia de que un país como Argentina, lo único que tiene que hacer es aplicar las convenciones que ha ratificado porque el sólo hecho de haberlas incorporado en la Constitución las hace automáticamente ejecutables y obligatorias. En la mayoría de las países del mundo no hay excusa para perseguir lo ilegal y lo violento. Sí, por supuesto, se podrá especificar mejor esa temática en futuras leyes. Pero hacer distinciones es importante. Hay que diferenciar la libertad de expresión de los delitos que se cometen en su nombre, por ejemplo. Hace poco [en el ataque a un equipo del canal C5N] tuvimos un caso en Argentina en el que se apeló a una “libertad de expresión” para justificar la violencia contra periodistas.

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/knOnl5oc7RU” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

¿Se llegará a legislar a nivel internacional sobre los discursos que circulan en redes o es mejor que cada país tenga su propio marco regulatorio?

Cuando se juntan países para elaborar una convención luego se da un camino para que cada país prevea sus ratificaciones. Ese proceso puede ser necesario, pero es largo. Mucho más rápido es aggiornar la legislación nacional de cada país. En Argentina, por ejemplo, tenemos buena legislación pero no se aplica. Por ejemplo, “delitos contra la seguridad pública” e “incitación a la violencia”. Antes de esa manifestación en la que fueron atacados los periodistas, el ex presidente Macri hizo uso de  un discurso que a mi entender es violento y horas después, por la tarde, los periodistas que cubrieron la manifestación apoyada por Macri fueron agredidos: los agresores se valían de los mismos pretextos vertidos por el expresidente. En este sentido, si en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, no había un sólo policía en la manifestación, quiere decir que alguien hizo la vista gorda. Estas son secuencias que claramente están enmarcadas en discursos de odio. Y como decía el  Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio, Adama Dieng: los discursos de odio preceden a los crímenes de odio. Por eso hay que prestar atención a estos discursos, pero también aplicar la ley para frenarlos. Y eso a veces no se hace, porque se ha inculcado el miedo a ser acusados de coartar la “libertad de expresión”.

Entonces, desde un punto de vista del Derecho, ¿cómo se debe trabajar lo que entendemos hoy por libertad de expresión?

Debemos concientizar sobre la noción de “libertad de expresión” y sobre sus límites cuando se manipula a las personas para buscar la violencia con este derecho como pretexto. En el caso argentino, también hay que distinguir entre trabajadores de prensa y empresarios que son profesionales de la mentira y que están en televisión. Algunos dicen que encuentran información cuando “salen a correr por un parque” y en realidad son parte de una organización que no es otra cosa que el plan Cóndor del Lawfare: el sector más reaccionario del poder judicial aliado a expresiones de extrema derecha, sectores de los servicios de inteligencia y ciertos medios de comunicación. Si eso no está explicado como corresponde, nos vamos a equivocar. No son locos que reciben sobres, son parte de una delincuencia organizada.

¿Qué sucede cuando se confunden esas nociones y no se pone en cuestión los mensajes que recibimos como sociedad?

Tenés el caso de Brasil, país al que conozco bien: ahí hay, a mi entender, básicamente dos sectores: el fascista elemental socio de los negocios de Bolsonaro: la extrema derecha. Y hay otro sector que es parte de la población general, que ha sido muy manipulado y sin el cual no se podría ganar un a elección. En el documental sobre Cambridge Analytica se ve muy bien cómo funciona esa incidencia en procesos eleccionarios; como ha sucedido, por ejemplo, en EE.UU. Digo esto porque Bolsonaro es elegido por una gran parte de la población que fue manipulada. Un sector que dice “estoy cansado de esto y esto”…y si uno va a preguntarle a Sergio Moro por las pruebas de su investigación, se caen todos los argumentos.

¿El problema está entonces en quienes deberían aplicar las leyes que protegen a las personas?

Si bien se pueden agregar términos nuevos, me parece que en el problema está en el corazón de la Justicia, si tuvieras una Justicia democrática y decente, la realidad sería decente. Y hoy eso no está. Cuando agredían a los periodistas, no había un policía.  El jefe de Gobierno de la Ciudad no hizo nada y el Jefe de los Fiscales de la Ciudad de Buenos Aires, Mahiques, y es la misma persona que representó a Macri en el Consejo de la Magistratura y hoy está acusado de haber perseguido políticos y jueces. Y hoy está a cargo de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Lo digo así para que se entienda cómo las cosas resultan de una manera y están vinculadas entre sí.

Desde su experiencia, ¿cómo se han dado los cambios históricamente en la Justicia?

Es que los cambios, en general… no se han dado. Se han dado desde el punto de vista técnico porque la incorporación (en este caso de las convenciones en el ‘94 a Argentina) le han dado un giro muy importante, pero esas convenciones no bajaron a la calle, la mayor parte de los conceptos que se han incluido y que son herramientas extraordinarias para hacer lo correcto no son utilizadas. Y la razón por lo cual eso no baja a la calle es ideológica. Hay un encuentro entre Michael Foucault y Noam Chomsky en el que debaten sobre Poder, Justicia y temas afines. Ahí dice Foucault que lo que hacen los sistemas educativos es reproducir los modelos de dominación. Y cuando en la facultad de Derecho se trasmite lo mismo de hace cientos de años, cuando te enseñan las convenciones, pero no te enseñan a bajarlas a la calle, a la vida cotidiana, nada va a cambiar.  Es imprescindible que se tome la educación como herramienta de cambio y tener en cuenta  que esos sectores de poder que siempre han manipulado son los que más palos en la rueda para poner si esto no sucede. Si por falta de educación no tenés la capacidad para superar esos obstáculos, muy posiblemente también vayas a transformarte en un producto de los modelos de dominación.