Acceso a la información: los gobiernos deben respetar el derecho a saber, exige la FIP

El acceso universal a la información es parte integral del derecho a la libertad de expresión. Consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), incluye el derecho a buscar, recibir y difundir información a través de cualquier medio y sin consideración de fronteras.

La libertad de información es el derecho de toda la ciudadanía a saber qué datos se han creado y almacenado, en su nombre y a su coste. Es fundamental para el periodismo de calidad y para que el poder rinda cuentas. Es un mecanismo vital para ayudar a los periodistas a recopilar hechos y datos para informar a los ciudadanos, contribuir al debate público y exigir responsabilidades a los gobiernos. Asimismo, permite a la ciudadanía tomar decisiones informadas y a las organizaciones de la sociedad civil desempeñar eficazmente su papel de guardianes. 

En todo el mundo, quienes están en el poder están imponiendo restricciones al acceso a Internet y redes sociales, cerrando medios de comunicación, empleando la censura, prohibiendo a los y las periodistas a asistir a conferencias de prensa, negándoles el acceso a la información pública, así como dificultando su cobertura en manifestaciones y mítines políticos. Las graves violaciones del derecho a acceder a la información obstruyen el trabajo periodístico y obstaculizan deliberadamente la rendición de cuentas y la transparencia de quienes están al mando. 

Más de 22 países africanos han firmado leyes sobre acceso a la información desde 2017, recuerda la FIP. Sin embargo, la falta de voluntad política hace que su implementación sea un desafío. Los gobiernos están restringiendo el acceso de los medios a la información al aprobar “actas de secreto” y acusar a los y las periodistas de investigación de cargos poco concretos como “difundir noticias falsas” o “perturbar el orden público”. Las recientes elecciones en Zimbabwe y Gabón se han visto empañadas por apagones de Internet y suspensión de transmisiones de medios, así como por la denegación de acreditaciones a periodistas locales y de visados de entrada a reporteros internacionales, aparentemente para obstaculizar la cobertura de los comicios.

En la región del mundo árabe y oriente medio, las autoridades siguen haciendo todo lo posible para restringir el libre flujo de información para la ciudadanía y los medios de comunicación. Sólo tres países han adoptado e implementado leyes de acceso a la información (Jordania, Marruecos y Túnez). No obstante, todos participan en prácticas que limitan el derecho a la información y la capacidad de los y las periodistas y los medios de informar sobre temas de interés público. El cierre de Internet es una práctica común utilizada para suprimir información, críticas a las autoridades o controlar la libertad de reunión. En Irán, se informó de varios cortes de Internet y bloqueos de redes sociales tras el estallido de protestas en septiembre de 2022. En Sudán, las autoridades bloquearon el acceso a Internet cuando el conflicto se intensificó en abril de 2023; y lo mismo ocurrió en Libia tras las devastadoras inundaciones en septiembre de este año.

Para periodistas y trabajadores/as de los medios en la región de Asia y el Pacífico, una barrera importante para acceder a la información ha sido la persistente interferencia de las autoridades de facto. En Bután, el funcionariado públicos no puede compartir información relevante para el interés público por temor a represalias legales desde 2022. A los y las periodistas en Hong Kong se les puede prohibir la asistencia a conferencias de prensa si se sabe que producen cobertura crítica. En Afganistán, las restricciones limitan no sólo la capacidad de grupos enteros de personas de generar noticias, sino también garantizar que la cobertura esté en consonancia con las obligaciones sociales y religiosas definidas por los talibanes. En Myanmar, la Junta Militar ha impuesto un régimen de miedo y violencia desde febrero de 2021, que obliga a todos los medios de comunicación independientes a la clandestinidad y criminaliza el periodismo legítimo, mientras aúpa los medios de comunicación estatales.

En Europa, el derecho a acceder a la información está establecido y reconocido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, en varios países está restringido debido a su implementación deficiente. La Federación Europea de Periodistas (FEP) ha acogido con satisfacción la Ley Europea de Libertad de Medios (EMFA) de la Comisión Europea, pero ha reclamado su fortalecimiento para garantizar el pluralismo de los medios, proteger los derechos de los y las periodistas y garantizar la independencia editorial. Mientras tanto, en el continente los partidos políticos atacan a periodistas en las redes sociales y niegan la asistencia de trabajadores/as de los medios a determinados mítines políticos en Alemania, España y Bulgaria, entre otros. Un número preocupante de periodistas han sido arrestados por informar sobre protestas climáticas, advierte la FEP; mientras que la presión del gobierno de extrema derecha en Italiaprovocó la dimisión del director de la radiodifusión pública italiana.

En América Latina, la situación en El Salvador ha suscitado serias preocupaciones. El estado de emergencia, introducido el 27 de marzo de 2022, ha limitado varias libertades constitucionales y ha tenido un grave impacto en la libertad de expresión, incluido el derecho a acceder a la información. En Perú, se han registrado numerosos casos de fuerzas de seguridad que han obstruido el trabajo de los medios de comunicación, mientras cubrían la crisis política y social que azota el país desde diciembre de 2022. En Colombia, las amenazas y el acoso contra periodistas de investigación han aumentado en los últimos meses, obligando a algunos profesionales al exilio.

“Algunos políticos están adoptando la peligrosa costumbre de negarse a responder preguntas de la prensa. Otros rechazan la acreditación a los y las periodistas, o incluso los arrestan, para silenciar su cobertura crítica. Los gobiernos deben comprometerse a garantizar el acceso de los y las periodistas a la información y los organismos internacionales tienen que hacer más para garantizar que aquellos en el poder que infrinjan este derecho no queden impunes”, ha señalado la presidenta de la FIP, Dominique Pradalié.