Acceso a la información: Lxs periodistas necesitan una legislación sólida y una aplicación efectiva

El acceso a la información es un derecho fundamental reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que protege la libertad de “buscar, recibir y difundir información e ideas a través de cualquier medio de comunicación”. Sin embargo, el hecho de que una persona tenga el derecho legal a la información no implica necesariamente que pueda ejercerlo. En todo el mundo, lxs periodistas y lxs trabajadorxs de los medios de comunicación siguen enfrentándose a retrasos, denegaciones, normas restrictivas y obstáculos administrativos a la hora de solicitar información a las autoridades públicas.

Según la UNESCO, más de 139 países han adoptado garantías constitucionales o legales para el acceso público a la información. Sin embargo, su Informe de 2025 sobre el acceso público a la información pone de manifiesto importantes deficiencias en la aplicación, lagunas legales y barreras administrativas que impiden a periodistas y a la ciudadanía a acceder a la información que necesitan para exigir responsabilidades a las autoridades públicas.

En todo el mundo, la FIP lamenta el evidente mal uso del derecho a la información, a pesar de estar consagrado en la ley. 

En Europa, el Informe sobre la libertad de información del Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación (ECPMF (2025) recoge los obstáculos persistentes a los que se enfrentan lxs periodistas a la hora de recabar información pública. En la práctica, el acceso a la información pública puede verse obstaculizado por solicitudes sin respuesta o retrasadas, divulgaciones parciales, amplias excepciones de confidencialidad y largos procedimientos de recurso. Estos obstáculos pueden dificultar que lxs periodistas obtengan información oportuna y supervisen a las autoridades públicas.

Luxemburgo es un ejemplo típico de las deficiencias existentes en este ámbito. Aunque el país ha adoptado recientemente una nueva legislación que reconoce el derecho de lxs periodistas a acceder a la información pública, siguen existiendo importantes limitaciones. La legislación del país no establece un plazo máximo de tramitación para las solicitudes de lxs periodistas, y las autoridades públicas pueden reaccionar negativamente o retener información cuando consideren que el material omitido tiene un valor público limitado.

En América Latina y el Caribe, el informe paralelo Red Voces del Sur 2025 recoge la resistencia institucional y los riesgos para la seguridad a los que se enfrentan lxs periodistas cuando solicitan documentos públicos, así como el debilitamiento de las garantías de la libertad de expresión.

En 2021, la FIP alertó sobre los cambios propuestos a la Ley de Acceso a la Información Pública de El Salvador, expresando su preocupación por nuevas restricciones al acceso a la información y obstáculos adicionales para el periodismo de investigación. Cinco años después, esas preocupaciones siguen vigentes.

En América del Norte, Canadá es otro ejemplo de lagunas en la aplicación de la normativa. El informe sobre Canadá presentado por el Centro para el Derecho y la Democracia en materia de acceso a la información destaca, en particular, los persistentes retrasos en la tramitación y las deficiencias del marco normativo del país en materia de acceso a la información. Esto incluye la necesidad de contar con mecanismos más sólidos que garanticen que las autoridades públicas documenten y divulguen la información.

El Relator Especial de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (ACHPR) sobre la libertad de expresión y el acceso a la información en África hace hincapié continuamente en la importancia de mejorar los marcos de acceso a la información. Las Directrices africanas sobre el acceso a los datos han destacado la importancia del acceso a los datos para la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos, con el fin de reforzar los marcos de acceso a la información.

En Senegal, la Asamblea Nacional del país aprobó en agosto de 2025 una ley histórica sobre el acceso a la información, que garantiza a toda la ciudadanía el derecho a acceder a la información en poder de las instituciones públicas y de los organismos privados que desempeñan funciones públicas. Sin embargo, la aplicación de la ley deja mucho que desear, especialmente en lo que respecta a la información en poder del Gobierno.

La Federación Africana de Periodistas (FAJ), la federación panafricana de la FIP, destacó la necesidad de que los países africanos adopten y armonicen sus leyes de acceso a la información con las normas establecidas por la Unión Africana. El objetivo es garantizar que el periodismo prospere, que la democracia florezca y, fundamentalmente, que se respete el derecho inalienable de los pueblos africanos a la información.

En la región de Asia-Pacífico, los esfuerzos por reforzar el acceso a la información se enfrentan a algunos obstáculos, debido a las dudas sobre el alcance y la eficacia de los nuevos marcos jurídicos.

Corea del Sur es otro ejemplo de país en el que existe una diferencia entre el acceso formal y el acceso práctico a la información. Según la Asociación de Periodistas de Corea (JAK), afiliada a la FIP, en 2023 se presentaron alrededor de 1,84 millones de solicitudes de información a las instituciones públicas, lo que se tradujo en una tasa oficial de divulgación del 94,3 %. No obstante, a muchxs profesionales de los medios les resultó difícil obtener la información que habían solicitado. Lxs periodistas suelen recibir respuestas evasivas o denegaciones disfrazadas de cumplimiento, ya que la estadística incluye solicitudes rutinarias que los organismos ya estaban dispuestos a facilitar.

Aunque algunos países, como el Líbano o Marruecos, han aprobado leyes de acceso a la información, incluso los marcos jurídicos más sólidos de esta región se han visto socavados en la práctica por una aplicación deficiente y por las elevadas tasas de solicitudes sin respuesta o incompletas.

Túnez representa probablemente uno de los retrocesos recientes más llamativos en este ámbito. En agosto de 2025, las autoridades cerraron la sede de la INAI, el organismo independiente creado en 2016 para garantizar el derecho de acceso a la información. Esta decisión ha obstaculizado significativamente el derecho de acceso a la información de la ciudadanía y lxs periodistas. En su último informe, publicado en agosto de 2026, el sindicato de periodistas de Túnez (SNJT) denunció enérgicamente las violaciones del derecho de acceso a la información en el país.

Las experiencias documentadas en distintas regiones demuestran que la mera adopción de una ley de acceso a la información es insuficiente si no va acompañada de una aplicación adecuada y un seguimiento periódico.

Por lo tanto, la FIP insta a los gobiernos de todo el mundo a reforzar las leyes de acceso a la información mediante la introducción de, al menos, tres garantías fundamentales:

Plazos claros y exigibles: Las leyes deben establecer plazos vinculantes para que las autoridades públicas respondan a las solicitudes de información, y cualquier prórroga debe estar estrictamente limitada y justificada. Los retrasos injustificados deben estar sujetos a recursos efectivos.

Supervisión independiente y eficaz: los marcos normativos sobre el acceso a la información deben prever un órgano de supervisión independiente, con recursos y competencias suficientes para revisar las denegaciones y ordenar la divulgación. Se debe exigir a las autoridades que justifiquen las restricciones y demuestren que estas son necesarias y proporcionadas.

Divulgación proactiva y conservación de los registros públicos: se debe exigir a las autoridades que publiquen de forma proactiva la información de claro interés público, incluidos los presupuestos, los contratos públicos, los documentos legislativos y los intereses financieros o políticos relevantes. Asimismo, deben tener la obligación legal de crear, conservar y archivar adecuadamente los registros públicos, incluidos los registros digitales, de modo que la información no resulte inaccesible por no haber sido debidamente documentada o conservada.

El secretario general de la FIP, Anthony Bellanger, ha declarado: “El acceso a la información no es un privilegio concedido por las autoridades públicas. Es un derecho fundamental y una condición indispensable para el periodismo independiente y la rendición de cuentas democrática. Cuando los gobiernos retrasan, restringen u ocultan información de interés público, no solo obstaculizan el trabajo de lxs periodistas, sino que impiden que la ciudadanía sepa lo que se hace en su nombre. Los gobiernos deben garantizar que el derecho a la información se aplique en la práctica, no solo sobre el papel. Necesitamos una regulación firme, no promesas vacías.”