Argentina: el equipo de un canal de televisión fue detenido y expulsado de Ucrania

El equipo periodístico del canal C5N, integrado por Gabriel Michi y Leo Da Re, junto a la periodista Karen Maron se disponían a realizar la cobertura de un bombardeo en una localidad en el centro-oeste de Ucrania, cuando fueron detenidxs por miembros del ejército de ese país. Lxs trabajadorxs de prensa, que habían arribado al lugar con las cámaras apagadas para respetar las normativas acerca de la filmación de objetivos militares, mostraron sus credenciales de prensa y la certificación que comprobaba que habían solicitado el permiso oficial para cubrir el conflicto, pero eso no fue suficiente para evitar que se los demorara por más de 10 horas. Luego de consultar si podían trabajar en el lugar, los militares ucranianos les negaron la posibilidad y los trasladaron para ser interrogados por los servicios de inteligencia del país. En ese interrogatorio fue especialmente agredido Leo Da Re, por ser residente de Rusia. A pesar de demostrar que es argentino, los agentes lo acusaron de ser un espía ruso. Según el testimonio de Michi, luego del interrogatorio, los oficiales eliminaron todo el material que lxs periodistas tenían registrado en sus equipos, intervinieron sus teléfonos, le sacaron fotografías a los retratos familiares que tenían en sus celulares y lxs incomunicaron. Horas más tarde, y gracias a la intervención de la embajada argentina en Polonia, Michi y Maron pudieron ser trasladados a ese país y Da Re fue deportado, luego de que se evitara su encarcelamiento bajo la acusación de espionaje. Estos hechos constituyen un grave daño al derecho de los pueblos de la región latinoamericana a recibir información confiable y de primera mano sobre el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. En el contexto de un enfrentamiento de estas dimensiones, que impacta de diversas maneras en los distintos puntos del planeta, el rol de lxs trabajadorxs de prensa de todo el mundo es fundamental para garantizar una cobertura amplia y plural. Esto no está siendo posible, dado que lxs corresponsales están sufriendo no sólo los efectos colaterales de los combates y bombardeos sino también las agresiones por parte de soldados y autoridades que impiden su trabajo. El caso del periodista vasco Pablo González, que se encuentra detenido e incomunicado desde hace 15 días en Polonia por acusaciones de espionaje es solo otro ejemplo de esta situación. A esto se le suman lxs colegas heridos y asesinados en fuego cruzado, como sucedió con el estadounidense Bren Renaud. Pero las agresiones directas en el terreno no son la única forma en la cual se limita la difusión de información: las grandes plataformas de internet como Facebook (ahora Meta) y YouTube decidieron unilateralmente la censura de los canales y páginas de las agencias de noticias nacionales de Rusia, confundiendo el rol de los medios públicos de un país con el de una agencia de propaganda. Si bien en Rusia también se está impidiendo el acceso información con el cierre efectivo de medios de comunicación independientes y con la amenaza a periodistas de penas de prisión por difundir contenidos que discutan la posición oficial, la censura de estas plataformas tiene un impacto mundial, por tratarse de herramientas de alcance global. Esta situación tiene un correlato institucional en algunos países de nuestra región, en donde se están intentando impulsar proyectos de censura contra las agencias de noticias rusas. La producción de noticias de ambas partes del conflicto bélico debe ser igualmente difundida para garantizar el derecho de toda la población a recibir información y de esta manera poder elaborar un juicio crítico y fundamentado. De la misma manera se debe respetar la labor de lxs trabajadorxs de prensa que se exponen a los peligros de una guerra para garantizar ese mismo derecho y también la de aquellxs que se desempeñan o colaboran en los medios públicos afectados por estas restricciones, que además fueron marcados en sus cuentas personales por Twitter como “medios afiliados al gobierno de Rusia”. Esta situación pone en peligro sus fuentes de trabajo actuales, ya que se compromete la existencia de las corresponsalías, y la posibilidad futura de conseguir nuevos empleos, y también lxs estigmatiza y responsabiliza por las decisiones políticas y editoriales de los medios y gobiernos. La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con Gabriel Michi, Karen Maron y Leo Da Re y repudia el trato vejatorio al que fueron sometidos por el ejército y los servicios de inteligencia de Ucrania. También hace un llamamiento al respecto irrestricto de la labor de lxs trabajadorxs de prensa, que cumplen un rol fundamental en este tipo de circunstancia clave para los pueblos de todo el mundo.