Argentina: El gobierno de Milei deporta al periodista brasileño Rogério Tomaz Jr.
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) condena la expulsión, la revocación de la residencia permanente y la prohibición de ingreso por cinco años impuestas por el gobierno argentino contra el periodista brasileño Rogério Tomaz Jr. La FIP se solidariza con el comunicador y respalda la denuncia de la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) de Brasil que consideró la medida como un ataque directo a la libertad de expresión.
Crédito: cuenta de X de Rogério Tomaz Jr.
El lunes 12 de octubre el periodista brasileño Rogério Tomaz Jr. fue retenido tras aterrizar en el Aeroparque de la Ciudad de Buenos Aires. A pesar de contar con una residencia permanente otorgada en enero de 2022 y con vigencia hasta 2037, la Dirección Nacional de Migraciones le notificó la cancelación del beneficio amparándose en un decreto de 2025 y lo deportó de regreso a Brasil. El comunicador viajaba a Buenos Aires para realizar entrevistas, registrar imágenes y recabar insumos para la elaboración de un libro de investigación sobre la administración del presidente Javier Milei, proyectado para publicarse en febrero de 2027.
La medida migratoria llega luego de un proceso de persecución y hostigamiento digital motivado por el ejercicio de su profesión. Tomaz Jr. había sido blanco de reiteradas amenazas y ataques en redes sociales por parte de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el Director de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación, Juan Carreira, conocido en redes sociales como Juan Doe.
La cancelación de sus documentos y la prohibición de retorno por cinco años constituyen un acto de censura previa y una represalia por su cobertura crítica sobre la gestión presidencial. Frente a esta situación, la FIP se suma al reclamo de la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) de Brasil para instar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil a desplegar las medidas diplomáticas correspondientes en defensa de las garantías del periodista.
Ningún gobierno democrático puede instrumentalizar los controles migratorios ni las herramientas del Estado para perseguir, vetar o expulsar comunicadores por el tono de sus investigaciones o publicaciones. La FIP exige además al gobierno argentino el cese de la estigmatización contra los trabajadores de los medios de comunicación y el pleno restablecimiento de las garantías fundamentales para el libre ejercicio de la prensa.
La medida migratoria llega luego de un proceso de persecución y hostigamiento digital motivado por el ejercicio de su profesión. Tomaz Jr. había sido blanco de reiteradas amenazas y ataques en redes sociales por parte de altos funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el Director de Comunicación Digital de la Presidencia de la Nación, Juan Carreira, conocido en redes sociales como Juan Doe.
La cancelación de sus documentos y la prohibición de retorno por cinco años constituyen un acto de censura previa y una represalia por su cobertura crítica sobre la gestión presidencial. Frente a esta situación, la FIP se suma al reclamo de la Federación Nacional de Periodistas (FENAJ) de Brasil para instar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil a desplegar las medidas diplomáticas correspondientes en defensa de las garantías del periodista.
Ningún gobierno democrático puede instrumentalizar los controles migratorios ni las herramientas del Estado para perseguir, vetar o expulsar comunicadores por el tono de sus investigaciones o publicaciones. La FIP exige además al gobierno argentino el cese de la estigmatización contra los trabajadores de los medios de comunicación y el pleno restablecimiento de las garantías fundamentales para el libre ejercicio de la prensa.