Argentina: el informe anual sobre libertad de expresión alerta sobre la profundización de la represión y la violencia contra la prensa

Ayer fue presentado en la Cámara de Senadores de la Nación el Informe sobre libertad de expresión en Argentina 2025, un documento exhaustivo que analiza políticas de comunicación, represión estatal, agresiones a periodistas y afectaciones al derecho a la información. La publicación fue realizada con el apoyo del Fondo para la Democracia y el Trabajo y constituye la segunda edición consecutiva de un monitoreo colaborativo que consolida datos esenciales para medir el retroceso democrático en materia de libertad de expresión y derecho a la información.

De la presentación participaron Carla Gaudensi, secretaria general de FATPREN, Diego de Charras, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, Zuliana Lainez, vicepresidenta de la FIP, y la senadora nacional Carolina Moisés, quien preside la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado, en cuyo marco se realizó la actividad. También aportó sus testimonio Julia Mengolini, periodista y fundadora de la radio Futurock, quien recientemente sufrió un ataque coordinado en redes sociales por perfiles asociados al gobierno, y quien además fue denunciada penalmente por el presidente Javier Milei. En este punto coincidió con su testimonio el periodista Ari Lijalad, quien también sufrió acoso judicial por parte del mandatario.

El informe (que se puede descargar haciendo click aquí) documenta un agravamiento sin precedentes de la violencia institucional: según el relevamiento, 83 periodistas fueron agredidxs durante coberturas de protestas a lo largo del año, un 66% más que lo registrado en 2024. El relevamiento expone represión sistemática en manifestaciones —especialmente en las marchas semanales de jubilados frente al Congreso Nacional—, uso irregular de armas menos letales, detenciones arbitrarias, hostigamiento digital y una creciente judicialización de periodistas que investigan o critican al gobierno nacional.

El documento también alerta sobre un proceso estructural de vaciamiento de políticas públicas de comunicación y fomento a los medios comunitarios e independientes, la intervención y paralización de organismos clave como el Ente Nacional de Comunicaciones y la Defensoría del Público, además del desmantelamiento de los medios públicos nacionales, el avance de la concentración mediática y la censura judicial en casos de alto interés público.

Durante la presentación, la vicepresidenta de la FIP, Zuliana Lainez, destacó: “Documentar las agresiones, contar con datos que desmonten los relatos que buscan invisibilizar los ataques a nuestros colegas es vital. Este informe es esencial porque cada vez que se quiera afirmar que en Argentina se respeta la libertad de expresión, tendremos este documento para decir lo que pasó con Pablo Grillo, con los medios públicos, con las y los periodistas que cubren movilizaciones, con la pauta oficial y con el acoso a las mujeres periodistas. No defendemos solo a la prensa: defendemos el derecho de la ciudadanía a estar informada.”

La FIP advierte que el Estado argentino no solo ha abandonado sus obligaciones de protección, sino que se ha convertido en uno de los principales agresores de la prensa mediante prácticas de estigmatización, represión, persecución judicial y desmantelamiento de garantías institucionales. Esta política sistemática de ataque a los medios y sus trabajadorxs impide que se garantice un ecosistema mediático democrático, plural y libre de violencia, fundamental para que se aseguren los derechos a la libertad de expresión e información. La FIP reafirma su solidaridad con las y los trabajadores de prensa de Argentina e insta al Estado argentino a que abandone prácticas que limitan el ejercicio del periodismo y en consecuencia restringen el espacio cívico.