La posible caída del Estatuto del Periodista Profesional en Argentina no representa un mero debate técnico, sino un ataque a la libertad de expresión y el derecho a la información en Argentina. El Estatuto consagrado en la Ley 12.908 constituye la principal herramienta de protección de los derechos laborales, la dignidad profesional y la autonomía editorial de los comunicadores.
Por eso resulta preocupante que la senadora Carmen Álvarez Rivero, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Alta, no haya convocado en todo el año una sola reunión para abordar el tema. Resulta inaceptable que, además de incumplir con sus funciones, utilice sus redes sociales para burlarse de lxs periodistas, asegurando que cómo ya sufren condiciones de precarización no hay que hacer nada al respecto.
Esto se inscribe en un contexto de creciente
violencia discursiva y ataques sistemáticos a la prensa impulsados desde la propia Presidencia de la Nación, lo cual otorga vía libre a las patronales mediáticas para flexibilizar y debilitar las condiciones de contratación, intensificando las presiones sobre el trabajo periodístico.
Frente a este escenario, la FIP acompaña la movilización realizada por sindicatos de todo el país, carreras de comunicación y organizaciones sociales el pasado jueves 29 de octubre ante el palacio legislativo. En esa jornada, las organizaciones gremiales presentaron una solicitud formal para que Álvarez Rivero, convoque de manera inmediata a reuniones de comisión para debatir los proyectos legislativos que proponen la actualización o prórroga de la norma, cumpliendo así con los compromisos asumidos durante el debate de la reforma laboral en febrero de este año.
La Federación insta a las y los integrantes del Senado argentino a asumir su responsabilidad institucional y convocar de manera urgente al tratamiento de los proyectos presentados. La protección de las y los trabajadores de los medios es un deber ineludible para resguardar la pluralidad de voces y la salud democrática del país, ya que sin derechos laborales ni garantías de ejercicio profesional no hay periodismo libre ni sociedad informada.