Lxs trabajadorxs de prensa Pablo Corso, Diego Pérez Mendoza y Lula González fueron agredidos con gas pimienta y golpeados directamente por las fuerzas de seguridad mientras cubrían una protesta de jubilados el miércoles 21 de mayo frente al Congreso Nacional. Además, los fotorreporteros Javier Iglesias y Tomás Cuesta fueron arrestados. Cuesta fue liberado posteriormente durante la noche, mientras que Iglesias recuperó su libertad durante el jueves 22.
Esto ocurrió horas después de que el gobierno de Javier Milei emita un decreto intentando limitar el derecho de huelga consagrado en la Constitución argentina hasta su virtual eliminación, lo cual fue rechazado por la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) detalló que lxs colegas afectados fueron al menos una decena, y expresó su repudio a un nuevo episodio de violencia policial que incluye a la prensa como objetivo:
"Después del decreto antihuelga, en la marcha de jubilados y jubiladas, la fuerzas represivas atacaron de nuevo directo a la prensa. La represión sobre la prensa es deliberada y dirigida: no quieren que estemos".
Argentina vive un marcado retroceso en la libertad de expresión y las condiciones laborales de lxs trabajadorxs de prensa,
según detalló el Informe sobre Libertad de Expresión 2024, elaborado por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires junto a sindicatos miembros de FIP, en el que se destca un aumento notorio en los ataques a periodistas, alimentados por discursos oficiales.
La Federación Internacional de Periodistas repudia la sistemática agresividad policial hacia lxs trabajadorxs de prensa en Argentina, y reclama a las autoridades el fin de estas acciones que impiden el trabajo periodístico, violan el derecho a la información y cercenan las garantías y libertades democráticas.