Chile: comenzará el juicio por abusos cometidos por Carabineros contra dos periodistas durante el estallido social
El jueves 1 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Arica comenzará el juicio oral por el delito de abusos contra particulares en el marco de la querella por torturas que realizó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en representación de las comunicadoras sociales Estefani Carrasco Rivera y Patricia Torres Basualdo, quienes denunciaron haber sufrido abusos tras ser detenidas ilegalmente durante el Estallido Social de 2019. La Federación Internacional de Periodistas acompaña a las colegas en su reclamo de justicia y exige que los vejámenes sufridos cuando estuvieron en cautiverio sean declarados como tortura.
Periodistas y organizaciones frente al Ministerio Público en noviembre de 2020, cuando originalmente debía comenzar la formalización del caso. Fuente: Estefani Carrasco Rivera
Tres años pasaron del Estallido Social en Chile de 2019, y recién ahora se dará inicio al primer juicio oral por los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad contra periodistas que se encontraban cubriendo los hechos. Estefani Carrasco Rivera, miembro del directorio de la Federación Nacional de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social (FENATRAMCO), y Patricia Torres Basualdo, representadas por el INDH, serán las primeras trabajadoras de prensa en comenzar el proceso para encontrar justicia.
Las periodistas explican en un comunicado que “mientras realizaban sus funciones como periodistas, en el contexto de la primera semana de revuelta nacional, fueron detenidas ilegalmente por cuatro funcionarios de carabineros, quienes con uso excesivo de la fuerza las intimidaron durante la detención, para que luego fueran coaccionadas a desnudarse en la Tercera Comisaría de Arica por quien actualmente es ex funcionaria de Carabineros”.
Estefani Carrasco Rivera, en diálogo con la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de la FIP, se refirió a la llegada del caso a la instancia de juicio oral: “En Chile no se ha avanzado en la búsqueda de justicia y mucho menos en las garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el Estallido social”. También agregó que “es impresentable que después de casi tres años, nuestro caso sea el único de los más de 70 de nuestra ciudad que llega a juicio. Lo que está en juego en este juicio es demostrar que la práctica de desnudamiento corresponde a tortura dado el contexto político social en el que ocurrió”. Sobre la tipificación del crimen que definió el ministerio público, Carrasco afirmó que la institución “calificó el delito como abusos contra particulares, lo cual tiene menor calificación jurídica y menores penas. Creemos que una verdadera medida para generar garantías de no repetición es que se condene a nuestra agresora por tortura”.
De acuerdo con datos del INDH, hay más de tres mil querellas realizadas a nivel nacional correspondientes al periodo octubre de 2019 a marzo de 2020, por hechos de tortura, violación, lesiones, pérdida de la visión, fracturas e incluso asesinato. Según la institución, a nivel nacional se registraron 516 hechos de violencia sexual durante el estallido social, donde 360 corresponden a desnudamientos.
La Federación Internacional de Periodistas acompaña a las colegas en este proceso y exige que se reconozcan todas las violaciones a los derechos humanos perpetradas contra ellas y el consecuente daño a la libertad de expresión que estas agresiones significaron. Las trabajadoras de prensa tienen derecho a ejercer su labor de manera segura y libre de toda violencia, y esto no puede ser garantizado en impunidad. Es imprescindible que este caso siente un precedente que proteja a las periodistas, que ya se encuentran doblemente expuestas a la violencia por la labor que llevan adelante y por su condición de mujeres en un sistema patriarcal. También es imprescindible que los hechos que denuncian sean entendidos bajo la figura de tortura, según lo establecido en tratados internacionales a los que Chile suscribe, tales como la Convención Internacional Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, y la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura.