Nicolás Sánchez Arévalo recibió a principios de octubre una amenaza de muerte dirigida a él y a su familia.
Esta intimidación tuvo como raíz sus investigaciones sobre los vínculos entre narcotráfico, paramilitarismo y grupos empresariales.
El trabajo periodístico de Sánchez, como las denuncias sobre los nexos entre empresas y paramilitarismo, se ha convertido en una referencia al exponer la connivencia entre poderes económicos y actores ilegales. Sin embargo, este tipo de investigaciones ha implicado un riesgo inminente para su vida, como ocurre de manera alarmante con otros periodistas que investigan la corrupción, los abusos de poder y las violaciones a los derechos humanos en Colombia.
A raíz de esto,
el portal Vorágine decidió suspender indefinidamente sus investigaciones sobre paramilitarismo y narcotráfico, una decisioón que es una señal alarmante del nivel de autocensura al que lxs periodistas y medios se ven forzados para proteger su vida.
Esta situación no solo daña la libertad de expresión, sino que fomenta el silencio informativo sobre determinados temas y regiones, ya que el 86% de los casos de violencia contra periodistas registrados entre 1977 y 2020 en Colombia permanecen impunes.
Estas agresiones provocaron la respuesta del gobierno colombiano y del presidente Gustavo Petro, que ordenaron medidas de protección para Sánchez Arévalo y otros periodistas que se encuentran en situación de alto riesgo. Vale destacar que la propia Defensoría del Pueblo de Colombia reveló que
durante 2023, en el 70% del territorio colombiano se ha amenazado al menos a un periodista cada 48 horas.La Federación Internacional de Periodistas (FIP) expresa su total rechazo a las amenazas de grupos criminales contra Sánchez Arévalo y reitera el reclamo a las autoridades colombianas de los distintos poderes del Estado en relación a crear las condiciones que permitan el desempeño del periodismo libre de amenazas contra la vida y el trabajo de lxs colegas.