Colombia: la FIP y la FEPALC expresan su condena al asesinato del periodista Cristian Herrera
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) se suman al reclamo de la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER) para que el Estado colombiano lleve a cabo una investigación exhaustiva que dé con los autores del crimen.
Crédito: redes sociales @chherrera76
Cristian Herrera Nariño fue asesinado el 6 de junio en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Este crimen enluta nuevamente al periodismo colombiano y constituye un grave atentado contra la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a estar informada. Se trataba de un reconocido periodista comprometido con la cobertura de temas judiciales y contaba con medidas de protección debido a amenazas que había recibido anteriormente a causa de su trabajo en una de las regiones más complejas de Colombia.
Su asesinato ocurre apenas semanas después del secuestro y asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia, convirtiéndose en el segundo periodista asesinado en Colombia en lo que va de 2026. Esta sucesión de hechos evidencia el grave deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo y la persistencia de la impunidad frente a los ataques contra la prensa.
La FIP y la FEPALC exigen al Estado colombiano una investigación rápida, exhaustiva e independiente sobre ambos crímenes, el esclarecimiento de las responsabilidades materiales e intelectuales y la adopción de medidas efectivas para garantizar la seguridad de periodistas y trabajadores de prensa en todo el país.
Santiago Ortíz, presidente de FEPALC advirtió que “estos hechos no constituyen episodios aislados”. Y recordó que “durante los últimos meses América Latina y el Caribe han sido escenario de nuevos asesinatos, desapariciones, amenazas y ataques contra periodistas en distintos países de la región. La violencia ejercida por el crimen organizado, grupos armados, redes de corrupción y otros actores de poder que buscan silenciar el escrutinio público está generando un escenario cada vez más hostil para el ejercicio de la comunicación”.
“América Latina y el Caribe no pueden resignarse a convertirse nuevamente en una región donde informar implique arriesgar la vida. Cuando se asesina a un periodista no solo se ataca a una persona; se vulnera el derecho colectivo de nuestros pueblos a conocer la verdad y a participar plenamente en la vida democrática”, añadió Ortíz.
Frente a ello, la FIP y la FEPALC junto a FECOLPER hacen un llamado a los gobiernos de la región, a los organismos internacionales y a los mecanismos de protección de derechos humanos para que impulsen acciones coordinadas destinadas a prevenir la violencia contra periodistas, fortalecer los sistemas de protección, combatir la impunidad y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la libertad de expresión.
La defensa de la vida de quienes informan debe convertirse en una prioridad regional. No habrá democracia plena mientras el miedo, la violencia y la impunidad continúen cobrándose la vida de periodistas.
Su asesinato ocurre apenas semanas después del secuestro y asesinato del joven periodista Mateo Pérez Rueda en Antioquia, convirtiéndose en el segundo periodista asesinado en Colombia en lo que va de 2026. Esta sucesión de hechos evidencia el grave deterioro de las condiciones para el ejercicio del periodismo y la persistencia de la impunidad frente a los ataques contra la prensa.
La FIP y la FEPALC exigen al Estado colombiano una investigación rápida, exhaustiva e independiente sobre ambos crímenes, el esclarecimiento de las responsabilidades materiales e intelectuales y la adopción de medidas efectivas para garantizar la seguridad de periodistas y trabajadores de prensa en todo el país.
Santiago Ortíz, presidente de FEPALC advirtió que “estos hechos no constituyen episodios aislados”. Y recordó que “durante los últimos meses América Latina y el Caribe han sido escenario de nuevos asesinatos, desapariciones, amenazas y ataques contra periodistas en distintos países de la región. La violencia ejercida por el crimen organizado, grupos armados, redes de corrupción y otros actores de poder que buscan silenciar el escrutinio público está generando un escenario cada vez más hostil para el ejercicio de la comunicación”.
“América Latina y el Caribe no pueden resignarse a convertirse nuevamente en una región donde informar implique arriesgar la vida. Cuando se asesina a un periodista no solo se ataca a una persona; se vulnera el derecho colectivo de nuestros pueblos a conocer la verdad y a participar plenamente en la vida democrática”, añadió Ortíz.
Frente a ello, la FIP y la FEPALC junto a FECOLPER hacen un llamado a los gobiernos de la región, a los organismos internacionales y a los mecanismos de protección de derechos humanos para que impulsen acciones coordinadas destinadas a prevenir la violencia contra periodistas, fortalecer los sistemas de protección, combatir la impunidad y garantizar condiciones seguras para el ejercicio de la libertad de expresión.
La defensa de la vida de quienes informan debe convertirse en una prioridad regional. No habrá democracia plena mientras el miedo, la violencia y la impunidad continúen cobrándose la vida de periodistas.