Día Internacional del Acceso a la Información: América Latina y sus desafíos recientes
El artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos protege el derecho de toda persona a buscar, recibir y difundir información de todo tipo . A pesar de avances en las últimas décadas en América Latina, en sintonía con la proclamación de la ONU del Día Internacional para el Acceso Universal a la Información, medidas recientes de distintos gobiernos de la región afectan este derecho y presentan nuevos retos para el trabajo periodístico.
28 de Septiembre - Día Internacional por el Acceso Universal a la Información
En América Latina el derecho de acceso a la información tiene expresiones heterogéneas, con una reciente tendencia a la reticencia de los Estados por cumplirlo.
Entre los casos recientes más resonantes se encuentra el de Argentina: en agosto de 2024, el presidente Javier Milei emitió un decreto que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta nueva reglamentación limita el acceso a ciertos documentos gubernamentales clave, como los "trabajos en curso" y las "deliberaciones" de los funcionarios, lo cual ha sido ampliamente criticado por organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele comenzó a intervenir en 2021 el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante el reemplazo de distintos funcionarios por figuras afines a su administración, lo que fue rechazado por la Asociación de Periodistas de El Salvador, y generó interrogantes sobre la independencia de ese organismo público.
Además, ha propuesto reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que, entre otros aspectos, contemplan ampliar las categorías de información clasificada como "reservada" o "confidencial", permitiendo al gobierno retener información sobre asuntos importantes como contrataciones públicas, por ejemplo.
Esta tendencia hacia las restricciones a este derecho, tanto formales como informales, tuvo un claro pico en 2020. En ese año, debido a la pandemia de COVID-19, numerosos Estados de la región restringieron el acceso a la información relativa a diferentes acuerdos con productores de vacunas para enfrentar la coyuntura sanitaria.
Esta situación, sin embargo, parece haber fortalecido una cultura de obstrucción en el acceso a la información que limita fehacientemente el ejercicio de este derecho y afecta especialmente el trabajo periodístico.
Los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar el derecho de acceso a la información sin distinción alguna. Naturalmente, este reconocimiento resulta de suma relevancia para lxs trabajadorxs de los medios de comunicación, como se ha demostrado en investigaciones periodísticas.
En la web global de la Federación Internacional de Periodistas se puede acceder a un panorama sobre las novedades más recientes relativas al Acceso a la Información en el mundo.
Entre los casos recientes más resonantes se encuentra el de Argentina: en agosto de 2024, el presidente Javier Milei emitió un decreto que modifica la Ley de Acceso a la Información Pública. Esta nueva reglamentación limita el acceso a ciertos documentos gubernamentales clave, como los "trabajos en curso" y las "deliberaciones" de los funcionarios, lo cual ha sido ampliamente criticado por organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa.
En El Salvador, el presidente Nayib Bukele comenzó a intervenir en 2021 el Instituto de Acceso a la Información Pública mediante el reemplazo de distintos funcionarios por figuras afines a su administración, lo que fue rechazado por la Asociación de Periodistas de El Salvador, y generó interrogantes sobre la independencia de ese organismo público.
Además, ha propuesto reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública que, entre otros aspectos, contemplan ampliar las categorías de información clasificada como "reservada" o "confidencial", permitiendo al gobierno retener información sobre asuntos importantes como contrataciones públicas, por ejemplo.
Esta tendencia hacia las restricciones a este derecho, tanto formales como informales, tuvo un claro pico en 2020. En ese año, debido a la pandemia de COVID-19, numerosos Estados de la región restringieron el acceso a la información relativa a diferentes acuerdos con productores de vacunas para enfrentar la coyuntura sanitaria.
Esta situación, sin embargo, parece haber fortalecido una cultura de obstrucción en el acceso a la información que limita fehacientemente el ejercicio de este derecho y afecta especialmente el trabajo periodístico.
Los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar el derecho de acceso a la información sin distinción alguna. Naturalmente, este reconocimiento resulta de suma relevancia para lxs trabajadorxs de los medios de comunicación, como se ha demostrado en investigaciones periodísticas.
En la web global de la Federación Internacional de Periodistas se puede acceder a un panorama sobre las novedades más recientes relativas al Acceso a la Información en el mundo.