Las consecuencias de actuar como denunciante e informar a lxs periodistas sobre asuntos de interés público pueden ser graves. Así se ha visto en varios casos muy conocidos, desde el del especialista en informática Edward Snowden y las revelaciones sobre la vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) estadounidense en 2013, hasta la denuncia del ingeniero Satyendra Dubey sobre la corrupción generalizada en la red de autopistas del Cuadrilátero Dorado de la India en 2002, pasando por el papel del inspector sanitario del Gobierno Daniel Gouveia Teixeira en la Operación Carne Fraca de Brasil en 2017 y la participación del abogado militar australiano David McBride en las
filtraciones sobre Afganistán en 2014. Las personas que denuncian cualquier irregularidad que perciban corren el riesgo de perder su empleo o de sufrir represalias, ser procesadas, sufrir presión económica y psicológica, ser encarceladas o incluso morir como consecuencia de ello.
Sin embargo, para respaldar las investigaciones periodísticas y exigir responsabilidades a los poderosos, las personas denunciantes deben poder sacar a la luz la corrupción, el fraude, la mala gestión y cualquier otra conducta indebida que amenace los derechos, la salud y la seguridad de la ciudadanía, el medio ambiente y el Estado de derecho.
La
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (CNUCC) de 2003 establece que cada Estado miembro «considerará» la posibilidad de adoptar legislación que garantice «la protección frente a cualquier trato injustificado a toda persona que, de buena fe y con motivos razonables, denuncie ante las autoridades competentes cualquier hecho relacionado con los delitos» tipificados de conformidad con la Convención. Sin embargo, en todo el mundo hay muy poca legislación plenamente vigente que respalde a quienes, con valentía, actúan como fuentes de lxs periodistas.
La FIP insta a los gobiernos nacionales de todo el mundo a que aprueben una legislación sólida para proteger a lxs denunciantes. Dicha legislación debería tener como objetivo, como mínimo:
- - eliminar los obstáculos que impiden denunciar de forma segura y directa ante las autoridades competentes,
- - aplicarse a todos los sectores económicos,
- - proteger la confidencialidad de quienes denuncian,
- - proteger a las personas que denuncian frente al despido, el acoso, la discriminación y otras formas de represalia.
La presidenta de la FIP, Zuliana Lainez, ha declarado:"Lxs denunciantes son aliadxs clave de lxs periodistas y de la democracia. Sin personas valientes dispuestas a alzar la voz, muchos de los abusos, escándalos de corrupción y amenazas a la salud pública y los derechos humanos que lxs periodistas sacan a la luz permanecerían ocultos. Hacemos un llamamiento a los gobiernos para que vayan más allá de los compromisos simbólicos y adopten leyes sólidas y eficaces que garanticen la confidencialidad, protejan a lxs denunciantes de las represalias y aseguren que puedan denunciar las irregularidades de forma segura, permitiendo así a lxs periodistas informar sobre la verdad. Proteger a lxs denunciantes no solo consiste en defender a las personas, sino también en salvaguardar el derecho del público a saber y en exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder".