Día Mundial por el Trabajo Decente: FEPALC y FIP llaman a fortalecer la lucha contra el acoso judicial a periodistas en América Latina

El acoso judicial se ha convertido en una herramienta recurrente tanto en el ámbito penal como en el civil, utilizada por actores del poder político o económico con el fin de afectar a periodistas y medios de comunicación y lograr que no se investigue ni se publique información relevante para la sociedad sobre asuntos que involucran sus intereses.

Esto se evidencia en datos recolectados por UNESCO, que revelan que entre 2020 y 2023 se realizaron al menos 22 demandas contra periodistas en 14 países de la región. La mayoría están relacionadas con casos de interés público y fueron presentadas por figuras de alto perfil político y económico​. 

Esto es posible porque, a pesar de los avances experimentados en las últimas décadas, 29 de los 33 países de América Latina y el Caribe aún conservan leyes sobre difamación que contemplan sanciones penales. A su vez, en la región no se han promovido ni aprobado aún leyes que permitan prevenir el abuso de las acciones judiciales para hostigar a lxs trabajadores de prensa o medios de comunicación.

A su vez, estas demandas suelen estar acompañadas por exigencias de indemnizaciones desproporcionadas, en un intento de disuadir la investigación y cobertura periodística de los hechos en cuestión y así fomentar la autocensura de lxs colegas. Este es uno de los aspectos centrales de estos procesos, conocidos como litigios estratégicos contra la participación pública- y también por su acrónimo en inglés, SLAPPs-.

Pero más allá de la estadística, en 2024 eexisten casos emblemáticos de estas prácticas en la reegión:

- En Argentina, el ministro de Justicia de la Nación radicó una denuncia contra lxs periodistas Nancy Pazos y Darío Villarruel, basada en opiniones vertidas en ejercicio de su trabajo, en clara afrenta a la libertad de expresión y sin otro objetivo que el amedrentamiento. Finalmente el Poder Judicial desestimó las acusaciones, pero estableció un precedente negativo en un gobierno que transita su primer año de mandato.

- En Brasil, los colegas Enock Cavalcante y Alexandre Aprá sufrieron el allanamiento de sus domicilios a comienzos de 2024 a raíz de una denuncia presentada por el gobernador del estado de Mato Grosso, Mauro Mendes, acusándolo de delitos informáticos y asociación criminal. La Federación Nacional de Periodistas de Brasil denunció que en ese procedimiento se le sustrajeron exclusivamente sus herramientas de trabajo: computadoras, tablets y teléfonos celulares.

En el mismo sentido, Schirlei Alves, fue condenada a fines de 2023 por “calumnias e injurias” a un año de prisión domiciliaria y a una indemnización de 80 mil dolarés, tras revelar mediante en una investigación periodística el maltrato a una víctima de violación por parte de funcionarios de la justicia.

- En Paraguay, la periodista Angie Prieto fue absuelta en abril de 2024, luego de atravesar un proceso judicial por defender a compañeras de trabajo que habían decidido exponer el acoso sexual del que eran víctimas por parte de un superior en el grupo mediático Albavisión. Primero fue despedida a pesar de su antigüedad en el cargo, y luego querellada por presuntamente haber escrito un comunicado supuestamente injurioso y por expresar críticas al modo en el que la empresa había manejado la situación en un grupo privado de WhatsApp. 

- En Guatemala, José Rubén Zamora, director del medio El Periódico, fue enviado a prisión domiciliaria en agosto de este año, tras haber sido condenado por lavado de dinero y atravesar dos años encarcelado en condiciones que la ONU calificó como inhumanas. Esta sentencia coincidió con sus críticas al gobierno de Alejandro Giammattei, pero posteriormente fue anulada y se ordenó que se repitiera el proceso, aunque aún no hay fecha para un nuevo juicio. Su caso ha recibido fuertes cuestionamientos al proceso judicial y a los funcionarios a cargo, tanto dentro como fuera del país, incluso del actual Presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo.

Este tipo de acciones no solo socavan la libertad de expresión, sino que también afectan el derecho al trabajo decente ya que lxs colegas que enfrentan estas demandas se ven incitados a limitar sus temas de cobertura, a autocensurarse, o inclusive a abandonar el oficio. 

En la conmemoración del Día Mundial por el Trabajo Decente, es necesario subrayar que el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y la protección de lxs trabajadorxs de prensa tienen relación directa con los derechos laborales. Sin garantías para un ejercicio periodístico libre de amenazas y presiones judiciales, no será posible hablar de trabajo decente en el ámbito periodístico.

En este sentido, FEPALC y FIP llaman a concientizar y promover la lucha contra estos ataques que buscan deslegitimar y desprestigiar a lxs periodistas, y garantizar el derecho al trabajo decente mediante el fortalcimiento de la principal herramienta de lxs trabajadorxs: la acción sindical y la organización colectiva.