A comienzos de mayo fueron congelados los activos de periodistas del medio de comunicación salvadoreño El Faro. La medida, que afecta directamente el patrimonio personal de directivos y redactores del medio, se enmarca en una serie de auditorías y procesos por presunta evasión de impuestos que han sido denunciados como una instrumentalización del sistema tributario para castigar el periodismo independiente. Al bloquear el acceso a sus recursos personales, no solo se intenta paralizar la operatividad, sino que vulnera los derechos fundamentales y la subsistencia de los trabajadores de prensa.
Este nuevo ataque se suma a una lista de agresiones que incluyen el espionaje a periodistas mediante el software Pegasus, acusaciones contra el medio de comunicación de lavado de dinero y evasión de impuestos y agresiones verbales en redes sociales alentadas por el presidente Nayib Bukele. Estas acciones tuvieron como consecuencia el otorgamiento de medidas cautelares a los periodistas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que en 2023 El Faro tuviera que mudar su estructura legal y administrativa a Costa Rica.
Desde la FIP advertimos que estas acciones violan los estándares internacionales de libertad de expresión y de debido proceso. El uso del aparato estatal para asfixiar económicamente a quienes revelan casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos es una táctica propia de regímenes autoritarios que buscan instaurar el silencio a través del miedo.
Exigimos junto a la
Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) el cese inmediato del hostigamiento judicial y administrativo contra el equipo de El Faro y demandamos que se garantice el pleno ejercicio de la labor periodística sin coacciones ni amenazas.