El Salvador: la LAEX ataca la libertad de expresión y la organización sindical del periodismo
La Ley de Agentes Extranjeros aprobada en mayo de 2025 e implementada por el gobierno de Nayib Bukele le da discrecionalidad al Estado para restringir operativa y financieramente diferentes organizaciones sociales y sindicales que trabajan con proyectos de cooperación internacional, entre ellas la Asociación de Periodistas de El Salvador, que se ha visto gravemente afectada. La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con el gremio de prensa salvadoreño y rechaza categóricamente el uso de mecanismos legales para socavar la independencia y la sostenibilidad de los medios de comunicación independientes así como a las organizaciones sindicales de lxs trabajadorxs de medios.
Foto: APES.
Aunque la Ley de Agentes Extranjeros fue declarada inconstitucional en julio de 2025, sus efectos coercitivos ya han provocado el cierre de proyectos clave y la restricción operativa de entidades cruciales para la defensa de los derechos humanos y la libertad de prensa, como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
Esta norma impuso a diversas organizaciones unas condiciones de funcionamiento que buscan impedir su viabilidad, como un gravamen del 30% sobre los fondos de cooperación internacional, y otorgaba al Ejecutivo facultades discrecionales para revocar la personería jurídica de las organizaciones que recibieran financiación externa.
La LAEX define como agentes extranjeros a cualquier persona u organización que "responda a intereses, esté controlada o financiada, directa o indirectamente, por un mandante extranjero", y asigna el caracter de "mandante extranjero" a cualquier persona física o jurídica con sede en el extranjero, incluyendo un gobierno, un partido político o una organización de la sociedad civil, así como cualquier entidad determinada por el Registro de Agentes Extranjeros.
En ese contexto, la APES ha sido una víctima directa de estas políticas de asfixia. En un reciente comunicado, el sindicato afirmó que "ha renunciado a su derecho a ejecutar proyectos con fondos de cooperación internacional en El Salvador debido a las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones que impone la Ley de Agentes Extranjeros".
A su vez, detalló: "En los últimos 90 días la APES ha suspendido, liquidado y cerrado sus proyectos cuyo financiamiento provienen del exterior y que se ejecutan en El Salvador. Hemos cerrado nuestras oficinas hasta nuevo aviso".
"La APES seguirá prestando sus servicios de registro y denuncia de agresiones y vulneraciones a la prensa. Seguirá defendiendo los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa de los y las colegas salvadoreños".
Al reducir drásticamente la capacidad operativa de la APES, el Estado debilita el principal sistema de apoyo para el registro de agresiones, el acompañamiento legal y la defensa de los derechos laborales en el gremio de prensa, en un contexto ya de por sí adverso.
La Federación Internacional de Periodistas rechaza categóricamente el uso de mecanismos legales como la LAEX para socavar la independencia y la sostenibilidad de la organizaciones sociales y de los medios de comunicación, así como a las organizaciones sindicales de lxs trabajadorxs de medios.
La FIP reitera su solidaridad inquebrantable con la APES y con todxs lxs periodistas salvadoreñxs. Instamos a las autoridades a cesar de inmediato todo acoso y obstáculo administrativo contra las organizaciones de lxs trabajadores de prensa y sus fuentes de empleo y a garantizar el derecho a desempeñar el trabajo periodístico y al acceso a la información. La persecución por la vía legislativa es tan peligrosa para la democracia como la censura directa.
Esta norma impuso a diversas organizaciones unas condiciones de funcionamiento que buscan impedir su viabilidad, como un gravamen del 30% sobre los fondos de cooperación internacional, y otorgaba al Ejecutivo facultades discrecionales para revocar la personería jurídica de las organizaciones que recibieran financiación externa.
La LAEX define como agentes extranjeros a cualquier persona u organización que "responda a intereses, esté controlada o financiada, directa o indirectamente, por un mandante extranjero", y asigna el caracter de "mandante extranjero" a cualquier persona física o jurídica con sede en el extranjero, incluyendo un gobierno, un partido político o una organización de la sociedad civil, así como cualquier entidad determinada por el Registro de Agentes Extranjeros.
En ese contexto, la APES ha sido una víctima directa de estas políticas de asfixia. En un reciente comunicado, el sindicato afirmó que "ha renunciado a su derecho a ejecutar proyectos con fondos de cooperación internacional en El Salvador debido a las asfixiantes, arbitrarias e ilegales condiciones que impone la Ley de Agentes Extranjeros".
A su vez, detalló: "En los últimos 90 días la APES ha suspendido, liquidado y cerrado sus proyectos cuyo financiamiento provienen del exterior y que se ejecutan en El Salvador. Hemos cerrado nuestras oficinas hasta nuevo aviso".
"La APES seguirá prestando sus servicios de registro y denuncia de agresiones y vulneraciones a la prensa. Seguirá defendiendo los derechos a la libertad de expresión, libertad de prensa de los y las colegas salvadoreños".
Al reducir drásticamente la capacidad operativa de la APES, el Estado debilita el principal sistema de apoyo para el registro de agresiones, el acompañamiento legal y la defensa de los derechos laborales en el gremio de prensa, en un contexto ya de por sí adverso.
La Federación Internacional de Periodistas rechaza categóricamente el uso de mecanismos legales como la LAEX para socavar la independencia y la sostenibilidad de la organizaciones sociales y de los medios de comunicación, así como a las organizaciones sindicales de lxs trabajadorxs de medios.
La FIP reitera su solidaridad inquebrantable con la APES y con todxs lxs periodistas salvadoreñxs. Instamos a las autoridades a cesar de inmediato todo acoso y obstáculo administrativo contra las organizaciones de lxs trabajadores de prensa y sus fuentes de empleo y a garantizar el derecho a desempeñar el trabajo periodístico y al acceso a la información. La persecución por la vía legislativa es tan peligrosa para la democracia como la censura directa.