Koos Koster, Jan Kuiper, Joop Willemse y Hans ter Laag eran parte del equipo de IKON, la emisora de televisión pública de los Países Bajos, y fueron asesinados el 17 de marzo de 1982, mientras se encontraban en El Salvador con motivo de las elecciones a la Asamblea Constituyente que se avecinaban. Los reporteros se dirigían a Chalatenango a realizar una cobertura sobre el conflicto acompañados por cinco miembros de la guerrilla cuando fueron emboscados por el ejército y ejecutados. Solo una de las personas que se encontraba con ellos logró sobrevivir.
Cinco días antes del ataque, los colegas del equipo de IKON habían sido interrogados por la Policía de Hacienda de El Salvador, lo cual evidenció que existía un seguimiento de sus actividades, y tres días antes de la emboscada, realizaron entrevistas a presos políticos. Este contexto y distintas pruebas revelan que los asesinatos fueron planificados y ejecutados con el objetivo de silenciar a la prensa.
Alrededor de 700 periodistas de todo el mundo habían llegado al país ese año para cubrir los comicios y el conflicto armado que atravesaba el país desde 1980, con crecientes denuncias por violaciones a los derechos humanos y por la actuación de escuadrones de la muerte que atacaban a la población civil y a activistas sociales, políticos e incluso figuras religiosas, como el sacerdote Óscar Romero.
El caso había quedado en la impunidad debido a la Ley de Amnistía sancionada en 1993, que amparaba este tipo de crímenes cometidos durante la guerra, que finalmente fue declarada inconstitucional en 2016. Posteriormente, en 2018, gracias a la perseverancia de las familias de las víctimas y de organizaciones como la Fundación Comunicándonos y la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU), se presentó la denuncia y se solicitó la reapertura del caso.
La reapertura del caso en 2020 permitió identificar a los presuntos responsables y recopilar nuevas pruebas. Ahora, el caso avanza hacia la justicia, en un paso importante hacia la verdad y la reparación para las familias de las víctimas.
Los acusados son el exministro de Defensa, José Guillermo García, el exdirector de la Policía de Hacienda, Francisco Antonio Morán y el excoronel Mario Adalberto Reyes Mena, que actualmente reside en los Estados Unidos, por lo que deberá enfrentar un pedido de extradición. Reyes Mena es acusado de ser el planificador y principal responsable material de los asesinatos.
La FIP, la FEPALC, la FEP, la Asociación Holandesa de Periodistas y la Asociación de Periodistas de El Salvador celebran el nuevo juicio como un paso crucial para acabar con la impunidad de estos crímenes contra periodistas que podría sentar un precedente histórico en el país y en la región. «No puede haber libertad de expresión mientras exista impunidad, por eso exigimos memoria, verdad y justicia para Koos, Jan, Joop y Hans», han declarado las organizaciones.
