Guatemala: Suplantan la identidad virtual de dos periodistas
Los periodistas Sonny Figueroa y Marvin Del Cid denunciaron usurpación de su identidad virtual desde una falsa casilla de correo electrónico donde supuestamente hacían un pedido de información publica pero solicitando los expedientes de empleados de un organismo público, lo que viola la ley de información pública y obliga al organismo a denunciar a los solicitantes. Los hechos se dan en el marco de la campaña #NoNosCallarán que nuclea a periodistas detenidxs, agredidxs o denunciadxs por su trabajo periodístico.
NICOLAS ASFOURI / AFP
Sonny Figueroa y Marvin Del Cid, periodistas fundadores del portal Vox Populi, denuncian que son víctimas de una operación de suplantación de identidad, que tiene como fin vincularlos a dos diputados de la oposición para poner en duda su ética y labor como comunicadores. Los periodistas emitieron un comunicado donde explican que mediante una casilla de correo que simulaba pertenecer a Vox Populi se hizo un pedido de información pública a la Dirección de Estudios E investigaciones Legislativas (DEIL) en nombre de ambos. Mediante ese falso correo se los vinculó con los diputados Aldo Dávila y Cristian Álvarez, quienes cumplen funciones fiscalizadoras en el Poder Legislativo. La denuncia que involucra a Figueroa y Del Cid fue asentada por la empleada estatal que recibió el pedido, ya que infringe el alcance de la ley de información pública al tratarse de datos personales, por lo tanto sensibles y fuera del alcance de la ley de información pública. Los periodistas denunciaron la usurpación de su identidad ante la Fiscalía de Delitos contra la Prensa, dependiente del Ministerio Público para que realicen las pericias informáticas necesarias para determinar desde dónde y quién envió ese correo.
Este hecho se suma a otros episodios de ataque a la prensa, como el caso de Robinson Ortega, Relax TV de Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla; detenido el 16 de junio junto a 5 mujeres que se manifestaban contra la Municipalidad de Siquinalá. Ortega cubría la protesta y documentó como la policía reprimía a las manifestantes. Las cinco mujeres y el periodista fueron detenidxs, acusados de atacar a las fuerzas de seguridad. El 21 de junio un juez determinó que el comunicador realizaba su trabajo, liberándolo luego de 5 días de prisión.
Durante las manifestaciones de estudiantes universitarios de la carrera de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC fue agredido y detenido el periodista Carlos Hernández Ovalle por filmar como la policía detenía a un estudiante durante las protestas que denunciaban fraude electoral en esa facultad. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG) se solidarizó con el periodista Carlos Hernández Ovalle, quien permaneció detenido cinco días en el hospital donde fue ingresado por golpes, ya que temía por su seguridad en el caso de ser trasladado a una dependencia policial. En ese documento APG manifestó: “Aunque el Ministro de Gobernación, Napoleón Barrientos y la institución policial han catalogado estos actos como casos aislados, consideramos que forman parte de una política en contra de periodistas y manifestantes. La institución policial y el Ministerio de Gobernación, en lugar de cumplir su labor de garantizar la seguridad ciudadana, se han dedicado a reprimir y atacar a los críticos del Estado”. En el texto, tambien alertan sobre la existencia de una página web que sería manejada por agentes activos y retirados de la policía de Guatemala donde se incita a atacar a la prensa y responsabilizó al organismo por la violencia que sufren lxs trabajadorxs del sector. Vanesa Ordónez, del medio Festivales, también fue detenida y posteriormente liberada durante las mismas movilizaciones.
Dos periodistas de El Ocote enfrentan una denuncia del Ministero Publico por publicar en su podcast una entrevista a Virginia Laparra, ex jefa de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) en la ciudad de Quetzaltenango (oeste), donde se denuncian condiciones indignas de detención. El argumento del proceso legal contra los periodistas es que la divulgación de esa nota “obstruye la investigación” acusatoria a Laparra, quien es demandada por “abuso de autoridad y usurpación de funciones” por haber denunciado a un juez por faltas administrativas sin “corresponderle ese atributo”.
La FIP se muestra alarmada ante las hostilidades y violencias a las que se exponen diariamente periodistas y trabajadorxs de prensa en Guatemala. Pedimos a las autoridades que se garantice la seguridad de la prensa en el ejercicio de su labor.
Este hecho se suma a otros episodios de ataque a la prensa, como el caso de Robinson Ortega, Relax TV de Santa Lucia Cotzumalguapa, Escuintla; detenido el 16 de junio junto a 5 mujeres que se manifestaban contra la Municipalidad de Siquinalá. Ortega cubría la protesta y documentó como la policía reprimía a las manifestantes. Las cinco mujeres y el periodista fueron detenidxs, acusados de atacar a las fuerzas de seguridad. El 21 de junio un juez determinó que el comunicador realizaba su trabajo, liberándolo luego de 5 días de prisión.
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