A raíz de una serie de publicaciones periodísticas sobre los altos mandos de las Fuerzas Armadas de Honduras, el coronel Max Alonso Hernández Marcía, auditor jurídico militar de las Fuerzas Armadas, presentó una denuncia en la que señalaba a 12 medios y periodistas por posible querella contra la institución.
Diversos medios locales señalan al Jefe del Estado Mayor, general Roosevelt Hernández, como el impulsor de estas acciones judiciales, que fueron iniciadas a fines de 2024 pero se dieron a conocer en febrero, cuando los medios y periodistas que fueron objeto de estas denuncias comenzaron a recibir notificaciones y visitas de funcionarios judiciales.
La Asociación de la Prensa Hondureña emitió un comunicado en el que expresó: "Estas amenazas constituyen una violación contra la Libertad de Expresión y de Prensa que son pilares fundamentales en la Democracia y en el estado de derecho. Las querellas, intimidaciones y las persecuciones judiciales contra los medios de comunicación sociales del país, son una flagrante violación a la Libertad de Expresión y de Prensa en el país y además violentan a la libertad de informar".
En el mismo sentido, resaltó que "no se debe de atentar al Derecho de la Libertad de Expresión y de Prensa, debido que estos derechos son consignados en la Constitución de la República, Tratados Internacionales y la Ley de Emisión del Pensamiento".
La Federación Internacional de Periodistas rechaza este intento de judicializar el trabajo de lxs colegas, que resulta lesivo de la libertad de expresión y contribuye negativamente a la preocupante tendencia a la criminalización del trabajo periodístico en América Latina y el Caribe.