A pesar de sus valiosas intenciones, el Plan de Acción de la ONU sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad ha sido incapaz de ofrecer “el entorno libre y seguro para los/as periodistas y los/as trabajadores/as de los medios” que prometió.
Por el contrario, los periodistas continúan siendo atacados, golpeados, detenidos, hostigados, y amenazados por hacer su trabajo. Asimismo, las continuas amenazas a la seguridad digital de los/as periodistas, incluyendo ciberataques, robo de datos, piratería informática y acoso en línea, ponen en peligro la seguridad y los/as profesionales de los medios. En este contexto, aún es más urgente la adopción de un instrumento que obligue a los gobiernos a hacer frente a la impunidad de la violencia contra los/as periodistas y el personal de los medios.
“Carecemos de un instrumento legal vinculante que obligue a los Estados miembros a investigar y responder a los ataques contra periodistas”, ha afirmado la presidenta de la FIP, Dominique Pradalié.
La FIP ya ha registrado
59 asesinatos de profesionales de los medios en lo que va de 2022, 12 más que en
2021.
La FIP ha señalado en particular países como Afganistán, RDC, Haití, India, México, Kosovo, Pakistán, Palestina, Filipinas, Rusia, Turquía, Ucrania y Yemen, donde los niveles de violencia contra periodistas son muy elevados.
La Federación recuerda que, a pesar de los numerosos protocolos, normas, y directrices, nueve de cada diez asesinatos de periodistas permanecen impunes.
“Existe una creciente frustración sobre la falta de acción y de voluntad política para hacer frente a la impunidad y apoyar a los medios libres e independientes. Por eso, hemos lanzado una campaña mundial para la adopción de una Convención Internacionaldedicada a la protección de periodistas y profesionales de los medios”, ha añadido Dominique Pradalié.
La campaña
se puso en marcha formalmente en la 51ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, celebrada en Ginebra el 30 de septiembre.
La Convención pone de manifiesto las deficiencias y lagunas existentes en el derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, así como la falta de mecanismos eficaces para su aplicación.
La Dra. Carmen Dragichi, que ha redactado el proyecto de Convención para la FIP, ha declarado: "El proyecto de Convención ofrece un marco jurídico consolidado para la protección de los y las periodistas: codifica las obligaciones de la jurisprudencia en forma de tratado, sustituyendo múltiples fuentes jurídicas por un instrumento completo y accesible. Así, clarifica el alcance de las obligaciones derivadas de las disposiciones sobre libertad de expresión de los convenios de derechos humanos, basándose en la jurisprudencia internacional. También garantiza que los Estados suscriban explícitamente las obligaciones establecidas en las decisiones contra otros Estados, ayuda a las autoridades nacionales a comprender sus obligaciones y facilita la supervisión internacional [...] Asimismo, confiere valor vinculante a normas de derecho indicativo ampliamente aceptadas pero no ejecutables, aumentando el cumplimiento y la responsabilidad".
Más de 60 periodistas y sindicatos de medios de comunicación, asociaciones, órganos de representación de medios de comunicación, organizaciones de medios de comunicación y oenegés de todo el mundo ya han respaldado la convención.
Para apoyar la convención, haga clic aquí.