Impunidad: La justicia para lxs periodistas exige que los autores intelectuales rindan cuentas

El periodismo sigue siendo una profesión peligrosa, que en ocasiones tiene consecuencias letales. En 2026, 15 periodistas y trabajadorxs de los medios de comunicación fueron asesinadxs en todo el mundo en relación con su trabajo: cinco en Palestina, cinco en el Líbano, dos en Colombia, dos en Yemen y uno en Somalia, según los últimos datos de la FIP. Aunque esta cifra es considerablemente inferior a los 99 periodistas registrados en la misma época del año pasado, el asesinato de cualquier periodista es inaceptable y debe investigarse.

Según el Observatorio de Periodistas Asesinados de la UNESCO, entre 2006 y 2025, más de 1.600 periodistas han sido asesinadxs en todo el mundo, y cerca de seis de cada siete de estos casos siguen sin resolverse judicialmente. Este año, la FIP ha decidido destacar los casos que representan esta minoría, en particular aquellos en los que se ha logrado juzgar a los autores intelectuales y se ha hecho justicia para lxs periodistas asesinadxs y sus seres queridos. En estos casos, poco frecuentes pero exitosos, se observa un patrón común: la justicia no se ha hecho gracias a la voluntad política, sino más bien gracias a los intensos esfuerzos de defensa por parte de las familias de lxs periodistas, la comunidad periodística, las organizaciones de defensa de la libertad de prensa y la sociedad civil. Esto subraya la necesidad de una convención específica y vinculante de las Naciones Unidas que obligue a los Estados a proteger a los periodistas, investigar los delitos y enjuiciar a los autores.

El periodista medioambiental y presentador de radio Gerry Ortega fue asesinado a tiros en Palawan, en la región de Mimaropa, en enero de 2011 tras sacar a la luz la corrupción generalizada en el gobierno local. El presunto autor intelectual del asesinato, el exgobernador de Palawan Joel T. Reyes, logró eludir la justicia durante más de 13 años mediante obstrucciones legales y huyendo del país. El 11 de septiembre de 2024, tras años de intensa presión por parte de organizaciones defensoras de la libertad de prensa, entre ellas la FIP, Reyes se entregó voluntariamente en la oficina de la Oficina Nacional de Investigación en Metro Manila. Reyes fue finalmente declarado culpable en agosto de 2025 y condenado a 110 años de prisión por corrupción, en relación con las irregularidades del fondo del gas de Malampaya que Ortega había denunciado en su programa de radio.

El periodista Orlando Sierra Hernández, subdirector del periódico local La Patria, fue tiroteado en Manizales, al oeste de Colombia, en enero de 2002 y falleció dos días después. Su asesinato se relacionó con sus reportajes y columnas de opinión sobre la corrupción y el poder político local en el departamento de Caldas. El caso se convirtió en un ejemplo excepcional de justicia sustantiva para un periodista asesinado en América Latina. El autor material del disparo y otros participantes en la ejecución fueron condenados, y en 2015 el exdiputado Ferney Tapasco González fue condenado como autor intelectual del delito. La sentencia fue posteriormente confirmada por la Corte Suprema de Justicia de Colombia. La FIP destaca un paso significativo: la decisión judicial que estableció la responsabilidad de toda la cadena delictiva, desde los autores materiales hasta el cerebro que ordenó el asesinato. La comunidad periodística también desempeñó un papel importante a la hora de impulsar la búsqueda de justicia. Varios de los principales medios de comunicación colombianos se unieron para crear el Proyecto Manizales, una investigación colaborativa que sacó a la luz pruebas sobre los intereses políticos que se escondían tras el crimen, aportó material que se utilizó posteriormente en la investigación penal y ayudó a mantener la presión pública para que el caso se investigara a fondo.

En agosto de 2017, la periodista independiente sueca Kim Wall fue asesinada mientras se encontraba a bordo de un submarino civil junto a su inventor, Peter Madsen. Wall, que había escrito para publicaciones como The Guardian, The New York Times y el South China Morning Post, tenía previsto escribir un artículo sobre el submarino de fabricación casera de Madsen. Subió a bordo de la embarcación en el puerto de Copenhague el 10 de agosto de 2017. Su cadáver fue hallado en una playa al sur de Copenhague el 21 de agosto, diez días después de su desaparición. En abril de 2018, Madsen fue declarado culpable de asesinato premeditado, agresión sexual con agravantes y profanación de cadáver, y condenado a cadena perpetua.

La presidenta de la FIP, Zuliana Lainez, ha declarado: “Cada día, los y las periodistas son objeto de acoso, intimidación, agresiones y asesinatos por exigir responsabilidades a quienes ostentan el poder. Con demasiada frecuencia, la cadena de impunidad llega hasta las más altas esferas del poder, lo que permite a quienes orquestan estos delitos eludir la justicia. Este ciclo de violencia e impunidad debe terminar. Instamos a todos los Estados miembros de la ONU a que apoyen la Convención Internacional sobre la Seguridad y la Independencia de los Periodistas, impulsada por la FIP, un instrumento jurídico vinculante que obligaría a los Estados a proteger a los periodistas, investigar los delitos y enjuiciar a los autores. No puede haber libertad de prensa sin rendición de cuentas. No puede haber justicia para lxs periodistas mientras los autores intelectuales siguenn en libertad.”

¿Quién ordenó el asesinato? ¿Quién planeó el crimen? ¿Quién es el responsable último? Son preguntas que no pueden quedar sin respuesta. La FIP y sus organizaciones afiliadas de todo el mundo instan a los gobiernos a que investiguen y juzguen a los responsables de los delitos contra los periodistas. No puede haber justicia por los asesinatos de periodistas mientras los autores intelectuales siguen en libertad.

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