La FIP afirma que la falta de acción y de voluntad política para hacer frente a la impunidad de los crímenes cometidos contra periodistas contribuye a la actual crisis de seguridad en los medios de comunicación. Por eso, exige la adopción de una
Convención Internacional en las Naciones Unidas dedicada a la protección de periodistas y profesionales de los medios.
"Esta publicación no sólo trata de los niveles de violencia dirigidos contra periodistas y otros/as trabajadores/as de los medios de comunicación, indicados por el gran número de ataques contra ellos, sino también de las causas subyacentes", ha declarado el Secretario General de la FIP, Anthony Bellanger. "Los detalles que contiene este informe sirven para documentar las amenazas, actos reales de violencia y la cultura de impunidad, que dan cuenta de la persistente crisis de seguridad en el sector del periodismo," ha añadido.
El informe final de la Federación enumera los nombres de
375 periodistas y trabajadores/as de los medios de comunicación actualmente en la cárcel, un nuevo máximo desde que hace dos años la FIP empezó a publicar listas de periodistas encarcelados/as para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos. China y su administración aliada de Hong Kong encabezan la lista con 84 periodistas encarcelados/as, por delante de Myanmar (64), Turquía (51), Irán (34) y Bielorrusia (33) .
Descarga
aquí el informe completo.
América Latina y el Caribe
Este año, la región de América Latina y el Caribe registró un alza preocupante en la cantidad de ataques y amenazas contra trabajadorxs de prensa, que se ha traducido en la muerte de al menos 29 periodistas en todo el continente. Ninguno de los ocho países en los que se registraron asesinatos de colegas se encuentra en un conflicto bélico declarado, y en este marco México es, nuevamente, el país más peligroso del mundo para el ejercicio periodístico con 11 crímenes cometidos contra comunicadorxs, reporterxs y periodistas. Los dos primeros asesinatos sucedieron en Tijuana y fueron paradigmáticos: Margarito Martínez Esquivel, reconocido fotoperiodista, y Lourdes Maldonado, renombrada reportera que en 2019 había denunciado ante el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el peligro en el que se encontraba por su labor periodística. Cabe destacar que en México, durante 2022, se registraron al menos cinco casos más de muertes de periodistas en circunstancias violentas, pero no se pudo determinar que estuvieran vinculadas a su trabajo. Si bien algunos de los crímenes cometidos este año ya han tenido avances en materia judicial, el 95% de los casos permanece impune. Esta realidad es especialmente grave para lxs trabajadorxs de los medios comunitarios y locales, que en vida tienen menos herramientas y mecanismos de protección, y luego de sus muertes sus familias sufren la falta de exposición mediática y recursos legales para afrontar la búsqueda de justicia.
De todos los países en los que se dieron hechos violentos, solo Haití está atravesando una crisis con enfrentamientos armados internos producto de una larga crisis política, humanitaria, económica y social. Pero inclusive en este caso, lxs periodistas no están siendo víctimas de fuego cruzado sino que son marcados tanto por los grupos del crimen organizado como por las fuerzas de seguridad. Allí se registraron los primeros asesinatos de 2022 en la región y el último, que fue cometido contra Francklin Tamar el 18 de diciembre. Poco tiempo antes había muerto Romelson Vilcin, caso que es paradigmático por tratarse de un crimen cometido por la Policía en el marco de una movilización espontánea de trabajadorxs de prensa hacia una comisaría en defensa de un colega injustamente detenido.
Si bien México (11) y Haití (7) encabezan la lista de hechos violentos en la región, en otros seis países del continente también se sufrió la pérdida de colegas: Colombia (4), Honduras (2), Brasil (2), Paraguay (1), Ecuador (1) y Chile (1), donde se registró el primer asesinato de una periodista desde el retorno de la democracia, ocurrido 32 años atrás.
Este alza en los casos en toda la región, y la aparición de casos en países en los que habían disminuído o inclusive desaparecido los crímenes contra periodistas, es un llamado de atención sobre el crecimiento de la violencia contra trabajadorxs de prensa y sobre la necesidad de contar con herramientas internacionales específicas que aborden la problemática. Es por ello, que se torna imprescindible el tratamiento y la posterior adopción en todo el mundo de la Convención Internacional para la Protección e Independencia de las y los Periodistas, impulsada por la Federación Internacional de Periodistas y todas sus organizaciones afiliadas.