Hace más de dos semanas que lxs miembrxs de la misión humanitaria Convoy Global Sumud Maghreb que iba con destino a la Franja de Gaza fueron secuestradxs en Libia. Entre las personas ilegalmente detenidas se encuentran Paula Giménez y Lucas Aguilera, periodistas argentinxs y directorxs de investigación del medio de comunicación
Noticias de América Latina y el Caribe (NODAL). En el grupo también está la colega española
Alicia Armesto, perteneciente al Sindicato de Periodistas de Madrid.
Si bien el pasado 4 de junio, tras once días sin información oficial, lograron establecer comunicación con sus familias, desde entonces no se han registrado nuevos contactos, ni se han dado a conocer avances sobre su situación. Según la información aportada por familiares, lxs integrantes de la misión permanecen sometidxs a un régimen de aislamiento, incomunicación, hostigamiento e interrogatorios continuos, privados de asistencia legal y condiciones sanitarias básicas. En ese contexto iniciaron una huelga de hambre, lo que les está produciendo desmayos, deterioro físico, pérdida de peso y debilidad extrema.
Ante la negativa de los captores de permitir el ingreso de equipos médicos, son lxs propios profesionales de la salud que integran la misión quienes están asistiendo a sus compañeros y compañeras.
La FIP, la FEPALC, la FATPREN y el SiPreBA subrayan que la solidaridad internacional y la cobertura periodística de misiones de este tipo no pueden ser criminalizadas y estigmatizadas. El asedio contra quienes asisten a poblaciones en contextos de crisis humanitaria y buscan romper los cercos informativos representa un ataque a los principios del derecho internacional y la libertad de expresión.
Frente a este escenario, se exige una prueba de vida que incluya información pública y verificable del paradero y las condiciones físicas y psicológicas del conjunto de lxs voluntarixs internacionales; el ingreso inmediato de equipos médicos independientes y especializados para resguardar la salud de las personas en huelga de hambre; el cese inmediato del régimen de incomunicación y el restablecimiento del contacto directo con sus familias y representantes legales; el acceso irrestricto de las representaciones diplomáticas de cada una de las nacionalidades involucradas en el convoy; y la desestimación de cualquier cargo arbitrario y liberación de todas las personas retenidas. Además, el conjunto de las organizaciones mencionadas instan al Gobierno argentino a que agote todas las instancias diplomáticas para garantizar la liberación y el regreso sanxs y salvxs de Giménez y Aguilera.