Según informaron medios locales, sujetos armados que viajaban en motocicleta atacaron a Guerrero en el estacionamiento de la parroquia de San Antonio. El hecho de que el periodista, que se desempeñaba en el portal y plataforma de redes sociales Global México, fuera asesinado a pesar de contar con protección estatal desde hace más de 10 años subraya la gravedad de la situación de vulnerabilidad que enfrentan lxs trabajadorxs de prensa en el país. Distintos reportes también señalan que Guerrero fue amenazado en los días previos al ataque.
El Consejo Consultivo del Mecanismo para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emitió un comunicado de condena ante el crimen y planteó:
“Nos parece sumamente grave y alarmante que el asesinato del periodista ocurra en este contexto en el que diversas autoridades tenían la responsabilidad expresa de brindarle protección y garantías para su integridad física y el desarrollo de sus actividades periodísticas, así como de prevenir posibles agresiones como la que resultó en su muerte”.
“La libertad de expresión y el ejercicio periodístico son un derecho y una actividad fundamentales para la vigencia de la democracia. Una de las más altas responsabilidades constitucionales del Estado es garantizarlos plenamente, por lo que llamamos a las instituciones y autoridades federales, estatales y municipales a cumplir con esta obligación legal”.México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con múltiples casos de asesinatos y desapariciones de comunicadores en los últimos años. Según organizaciones locales, en el país hay un ataque contra medios y trabajadorxs de prensa cada 13 horas y el 98% de ellos resultan impunes.
El medio Global México, donde trabajaba Guerrero, ya sufrió el asesinato de un trabajador en 2012 y en el apartado de su sitio web donde anteriormente se consignaba el nombre de sus integrantes, detalla:
"Debido a la inseguridad imperante en nuestro país, las agresiones de las que hemos sido objeto y la falta de resultados de parte de las autoridades para esclarecer los graves hechos delictivos que se han suscitado en contra nuestra, de nuestro personal, reporteros y corresponsales, nos vemos en la necesidad de retirar el listado con sus nombres de este espacio".
La FIP insta a las autoridades a llevar a cabo una investigación exhaustiva contemplando el Protocolo Homologado de Delitos contra la Libertad de Expresión de modo que no se descarte la labor periodística de Guerrero como posible móvil del asesinato, y reclama que se garantice la seguridad de sus familiares y colegas.
Adicionalmente, la FIP pone a disposición las
recomendaciones de nuestra Misión de Seguridad para la protección de lxs colegas que se encuentran en riesgo por ejercer su trabajo.