México: la Comisión Nacional de Derechos Humanos advirtió que las autoridades no le brindaron protección al periodista asesinado Gustavo Sánchez Cabrera
El organismo emitió una misiva en la que confirma que hubo omisiones, dilaciones, negligencia e incumplimiento de funciones de numerosos funcionarios públicos, que tuvieron como resultado el asesinato del comunicador en junio de 2021. La Federación Internacional de Periodistas advierte que esta noticia confirma la falta de garantías y respuestas con las que se encuentran lxs trabajadorxs de prensa cuando denuncian amenazas y ataques, y exige la aplicación de medidas urgentes e integrales para abordar la violencia que sufren lxs periodistas en el país.
Jesus VERDUGO / AFP
La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México emitió la Recomendación 121/2022 en la que se refiere al caso del periodista Gustavo Sánchez Cabrera, asesinado en Oaxaca el 17 de junio de 2021, y en la que advierte que su muerte estuvo directamente vinculada a la negligencia de funcionarios públicos que con conocimiento de ls gravedad de su situación, no actuaron para garantizar su seguridad.
La recomendación de la CNDH confirmó, con información oficial que consta en los expedientes, que hubo “omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones de, al menos, quince personas servidoras públicas: once de ellas pertenecientes a distintas unidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación; una persona más, que forma parte del personal directivo de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH) del gobierno de ese estado; y tres de ellas adscritas a la Fiscalía de la entidad”.
En la misiva, la CNDH afirma que pudo documentar que Sánchez Cabrera había sufrido y denunciado amenazas y ataques los días 25 y 30 de abril, 13 de julio, 25 de octubre y 18 de noviembre de 2020; que había solicitado en más de una oportunidad la asignación de un chaleco antibalas y su incorporación al mecanismo de protección. “Esta Comisión Nacional pudo evidenciar que las autoridades señaladas contaban con información suficiente para advertir la gravedad e inminencia del riesgo que la persona enfrentaba, ya que, aunado a los antecedentes de amenazas de secuestro y de muerte que el periodista había recibido por mensajes electrónicos, sufrió un atentado con arma de fuego, por lo que fue ingresado a un hospital para atención médica, debido a las lesiones que le ocasionaron”, sentencia el documento.
Es por esos motivos que el organismo concluye que “existe responsabilidad de las personas servidoras públicas adscritas al Mecanismo, ya que omitieron proteger, promover y garantizar los derechos humanos y no cumplieron con sus funciones encomendadas para cooperar eficazmente entre la federación y las entidades, a fin de implementar medidas de prevención, protección y de atención urgente con las cuales se garantizara la vida, integridad y seguridad de la víctima, quien se encontraba en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. Además asegura que toda esta evidencia acredita que “el desempeño como servidores públicos fue negligente”.
Además alerta sobre la “preocupante falta de voluntad política de la autoridad estatal para coordinar acciones, a fin de proporcionar atención integral a la familia de la víctima, no obstante, el pleno conocimiento que tuvo tanto de los diversos atentados que sufrió, como de su lamentable homicidio”.
La recomendación está dirigida al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al fiscal General de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, a quienes les exige la inmediata reparación integral de daños en beneficio de la familia del periodista.
La Federación Internacional de Periodistas valora el trabajo realizado por la CNDH y el aporte que este hace a la lucha contra la impunidad en México, que es hoy uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Este tipo de investigaciones demuestra la indefensión a la que están expuestxs lxs trabajadorxs de prensa que acuden a las autoridades en busca de protección, y pone al descubierto la falta de respuesta que reciben y las consecuencias fatales que se desprenden de la negligencia y el destrato. Esto evidencia la urgencia con la que se necesita que el Estado intervenga para impulsar medidas integrales y de fondo que aborden la violencia estructural que pone en peligro las vidas de lxs trabajadorxs de prensa, que viola el derecho a la libertad de expresión y daña la democracia.
La recomendación de la CNDH confirmó, con información oficial que consta en los expedientes, que hubo “omisiones, dilación, negligencia e incumplimiento de funciones de, al menos, quince personas servidoras públicas: once de ellas pertenecientes a distintas unidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a cargo de la Secretaría de Gobernación; una persona más, que forma parte del personal directivo de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos de Oaxaca (CADH) del gobierno de ese estado; y tres de ellas adscritas a la Fiscalía de la entidad”.
En la misiva, la CNDH afirma que pudo documentar que Sánchez Cabrera había sufrido y denunciado amenazas y ataques los días 25 y 30 de abril, 13 de julio, 25 de octubre y 18 de noviembre de 2020; que había solicitado en más de una oportunidad la asignación de un chaleco antibalas y su incorporación al mecanismo de protección. “Esta Comisión Nacional pudo evidenciar que las autoridades señaladas contaban con información suficiente para advertir la gravedad e inminencia del riesgo que la persona enfrentaba, ya que, aunado a los antecedentes de amenazas de secuestro y de muerte que el periodista había recibido por mensajes electrónicos, sufrió un atentado con arma de fuego, por lo que fue ingresado a un hospital para atención médica, debido a las lesiones que le ocasionaron”, sentencia el documento.
Es por esos motivos que el organismo concluye que “existe responsabilidad de las personas servidoras públicas adscritas al Mecanismo, ya que omitieron proteger, promover y garantizar los derechos humanos y no cumplieron con sus funciones encomendadas para cooperar eficazmente entre la federación y las entidades, a fin de implementar medidas de prevención, protección y de atención urgente con las cuales se garantizara la vida, integridad y seguridad de la víctima, quien se encontraba en situación de riesgo como consecuencia del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”. Además asegura que toda esta evidencia acredita que “el desempeño como servidores públicos fue negligente”.
Además alerta sobre la “preocupante falta de voluntad política de la autoridad estatal para coordinar acciones, a fin de proporcionar atención integral a la familia de la víctima, no obstante, el pleno conocimiento que tuvo tanto de los diversos atentados que sufrió, como de su lamentable homicidio”.
La recomendación está dirigida al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y al fiscal General de Oaxaca, Arturo de Jesús Peimbert Calvo, a quienes les exige la inmediata reparación integral de daños en beneficio de la familia del periodista.
La Federación Internacional de Periodistas valora el trabajo realizado por la CNDH y el aporte que este hace a la lucha contra la impunidad en México, que es hoy uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio del periodismo. Este tipo de investigaciones demuestra la indefensión a la que están expuestxs lxs trabajadorxs de prensa que acuden a las autoridades en busca de protección, y pone al descubierto la falta de respuesta que reciben y las consecuencias fatales que se desprenden de la negligencia y el destrato. Esto evidencia la urgencia con la que se necesita que el Estado intervenga para impulsar medidas integrales y de fondo que aborden la violencia estructural que pone en peligro las vidas de lxs trabajadorxs de prensa, que viola el derecho a la libertad de expresión y daña la democracia.