México: recientes amenazas a periodistas evidencian la falta de intervención eficaz del Gobierno
En las últimas semanas, distintas amenazas y hostigamientos a periodistas, tanto desde autoridades como desde el ámbito criminal y desde empresas privadas, vuelven a poner la atención sobre el ejercicio de la profesión en México. La Federación Internacional de Periodistas repudia estos ataques y reitera la responsabilidad del Estado en garantizar fehacientemente la labor y la vida de lxs colegas.
Protesta de periodistas en Baja California, 2022. Guillermo Arias / AFP
Alberto Amaro Jordán, director del medio digital La Prensa de Tlaxcala, fue amenazado de muerte en su domicilio particular el pasado 20 de mayo. De acuerdo a distintos medios, su custodia presenció el momento en que las amenazas fueron proferidas por un grupo de personas desde un vehículo desde afuera de su residencia. Esta amenaza se da días después de que Amaro Jordán se reuniera con una activista del colectivo Madres Buscadoras, que rastrean personas desaparecidas.
El periodista está incluido en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno de México desde el año 2019 a raíz de las reiteradas amenazas, que no han cesado a pesar de ello. Medios locales informaron en enero de este mismo año que fue agredido cuando un auto intentó chocar con el suyo, y Amaro Jordán también denuncia que ha sufrido disparos e intrusiones contra su domicilio, entre otros ataques.
México continúa siendo uno de los países donde lxs trabajadorxs de prensa enfrentan distintas formas de ataque y cercenamiento de su derecho a ejercer su profesión. En pocos meses de 2024 se han registrado distintos tipos de agresiones contra colegas como el mencionado, que incluyen pero no se limitan a los ataques físicos.
El pasado 20 de mayo se dió a conocer el caso de Fabiola Cortés Miranda, quien fue denunciada judicialmente por una empresa internacional por publicar información de evidente interés público, como es la afectación de los derechos de la población maya por los proyectos inmobiliarios desarrollados por dicha empresa.
A su vez, esta misma semana al menos cinco periodistas de Sinaloa solicitaron medidas de protección, tras haber sido objeto de amenazas en el marco de su cobertura del proceso electoral que tiene lugar en ese estado.
La Federación Internacional de Periodistas repudia estas situaciones y reitera su llamado a que las autoridades federales y estatales redoblen esfuerzos y medidas para garantizar las condiciones de trabajo, la libertad de prensa y la integridad física de periodistas, comunicadorxs y trabajadorxs de prensa.
El periodista está incluido en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno de México desde el año 2019 a raíz de las reiteradas amenazas, que no han cesado a pesar de ello. Medios locales informaron en enero de este mismo año que fue agredido cuando un auto intentó chocar con el suyo, y Amaro Jordán también denuncia que ha sufrido disparos e intrusiones contra su domicilio, entre otros ataques.
México continúa siendo uno de los países donde lxs trabajadorxs de prensa enfrentan distintas formas de ataque y cercenamiento de su derecho a ejercer su profesión. En pocos meses de 2024 se han registrado distintos tipos de agresiones contra colegas como el mencionado, que incluyen pero no se limitan a los ataques físicos.
El pasado 20 de mayo se dió a conocer el caso de Fabiola Cortés Miranda, quien fue denunciada judicialmente por una empresa internacional por publicar información de evidente interés público, como es la afectación de los derechos de la población maya por los proyectos inmobiliarios desarrollados por dicha empresa.
A su vez, esta misma semana al menos cinco periodistas de Sinaloa solicitaron medidas de protección, tras haber sido objeto de amenazas en el marco de su cobertura del proceso electoral que tiene lugar en ese estado.
La Federación Internacional de Periodistas repudia estas situaciones y reitera su llamado a que las autoridades federales y estatales redoblen esfuerzos y medidas para garantizar las condiciones de trabajo, la libertad de prensa y la integridad física de periodistas, comunicadorxs y trabajadorxs de prensa.