El periodista Rodolfo Montes utilizó el espacio de la conferencia de prensa diaria del presidente mexicano y aseguró que el ocho de julio pasado recibió una llamada donde fue amenazado de muerte, motivo por el que se vio obligado a huir con su familia de Quintana Roo, el estado donde vivía. Entre lágrimas, el reportero informó que las amenazas provendrían del cartel de Jalisco Nueva Generación, pero que sospecha que puede haber un funcionario público implicado. Es por esto que aseguró que ratificará su denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle) y presentará pruebas contra dicho funcionario.
Montes también confirmó que recibió ayuda del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para huir, pero que ya no cuenta con la escolta que lo acompañaba: “Tuvieron bien apoyarme, me sacaron con escoltas de Quintana Roo, pasé por Tabasco, Veracruz, Puebla y Campeche pero el Mecanismo ahorita me está retirando las escoltas”.
En respuesta a su reclamo, Andrés Manuel López Obrador le indicó al periodista que sería atendido en ese mismo momento por la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, para que aborde su caso de inmediato.
En 2019, la periodista
Lourdes Maldonado había utilizado esta misma plataforma para denunciar que se encontraba en peligro. El 23 de enero de 2022 fue asesinada en la puerta de su casa. Este antecedente, en el que otra reportera expuso su situación ante el presidente de la nación en televisión nacional, demuestra el nivel de desprotección en el que se encuentran lxs trabajadorxs de prensa y la urgencia con la que se deben abordar las amenazas.
La Federación Internacional de Periodistas se mantiene en alerta ante los hechos denunciados por el comunicador Rodolfo Montes y exige que su situación sea debidamente abordada por las autoridades del Estado para que se garantice su seguridad y la de su familia. Las cifras de periodistas asesinadxs o desaparecidxs, las amenazas y ataques, y la alarmante tasa de impunidad, convierten a México en uno de los países que no se encuentran en un conflicto bélico más peligrosos del mundo para el trabajo periodístico. Solo con la intervención activa del Estado y la justicia en conjunto con las organizaciones sindicales y sociales se puede revertir esta situación.