Un relevamiento realizado por la Fundación por la Libertad de Expresión y la Democracia documentó 57 agresiones a periodistas en 2024, que significaron violaciones a su libertad de expresión, y que incluyeron abusos de agentes estatales, como la Policía Nacional. Casos como la reciente detención del periodista Elsbeth D’Anda, en octubre de 2024, tras un informar sobre el aumento de precios en el país en su programa en Canal 23, ejemplifica los datos señalados.
Pero además del rol determinante de los abusos de poder, existe un factor que afecta la profesión que se destaca en el reporte así como en informes de medios locales: la precariedad laboral de lxs trabajadorxs de prensa en Nicaragua. Cada vez más empresas de medios de comunicación ofrecen contratos temporales de tres a seis meses de duración máxima, lo que lesiona el derecho a la estabilidad laboral de lxs trabajadorxs de prensa. A su vez, las empresas no tienen escala salarial para la profesión, por lo cual pueden pagar diferentes remuneraciones por igual tarea. A esto se suma la extensión arbitraria de la jornada laboral, de la tarea o las responsabilidades de lxs colegas sin el correspondiente aumento de salarios.
Esta situación crea un contexto que produce una falta de relevo generacional en el gremio periodístico por falta de jóvenes que se inicien en el oficio, y en numerosos casos causa un abandono de la profesión por la necesidad de buscar alternativas con mejores condiciones económicas.
De este modo se explica que existan casi 300 periodistas nicaragüenses exiliados para poder continuar con su profesión, que encuentran motivos ineludibles para esa decisión en la acción estatal y en las condiciones de trabajo. Adicionalmente, muchos de ellos enfrentan nuevos desafíos en el exterior, como la dificultosa reinserción laboral en los medios de comunicación.
Este complejo panorama amenaza con el surgimiento de verdaderos desiertos informativos en diferentes zonas del país, lo cual afecta no sólo a lxs trabajadorxs de prensa sino a toda la sociedad al socavar su derecho a la información y sus posibilidades de ejercer la libertad de expresión. La Federación Internacional de Periodistas expresa su preocupación por esta situación que se ha extendido en los últimos años y llama a las autoridades a brindar garantías para la prensa y para que se respeten los derechos laborales y humanos de todxs lxs periodistas en el país.