El atentado se registró en la residencia de Benítez, periodista del diario El Observador y de Radio Ñandutí, mientras él se encontraba al aire conduciendo su programa. Según reportes locales, desconocidos a bordo de una motocicleta efectuaron varios disparos contra la fachada de la casa, logrando perforar la puerta de ingreso y una ventana interior, sin heridos.
El propio Benítez vinculó el ataque a su labor, señalando que sospecha de una represalia directa de miembros ligados al esquema criminal conocido como la "mafia de los pagarés", sobre quienes ha realizado investigaciones periodísticas.
El Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) emitió un comunicado en el que afirmó: "Los reiterados ataques contra periodistas muestran la urgencia de que el país cuente con una política pública que contribuya a prevenir, proteger y procurar justicia ante la violencia de la cual son víctimas los periodistas por parte de sectores criminales que buscan callarlos".
El SPP recordó que "en diciembre de 2022 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia sobre el Caso Santiago Leguizamón determinó que el Estado paraguayo debe aprobar una Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos".
"En abril del 2023 el SPP ha presentado formalmente un proyecto que se encuentra en la Cámara de Senadoress para su aprobación, llamamos a los legisladores a analizar la pertinencia de esta propuesta y al Estado en su conjunto a cumplir cabalmente la Sentencia del Caso Leguizamón".
La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con Benítez y apoya al Sindicato de Periodistas de Paraguay en su repudio al hecho y en su permanente trabajo por una Ley de Protección a Periodistas. Es obligación del Estado paraguayo garantizar la seguridad y el derecho al trabajo de Benítez y de todxs lxs colegas del país.