Paraguay: la lucha de los trabajadores de VMedia tras el colapso del Ueno Bank
La crisis política y financiera que sacude a Paraguay, detonada por la intervención del Ueno Bank y la posterior destitución del presidente Santiago Peña, arrastró a lxs trabajadorxs del Grupo VMedia que nuclea diarios, emisoras de radio, canales de televisión y de stream. Con el respaldo del Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP), iniciaron un proceso de organización para defender las fuentes de trabajo.
Crédito: Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP)
La caída del Ueno Bank a principios de noviembre desencadenó una situación crítica en Paraguay. En tiempo récord fueron arrestados los directivos de la entidad bancaria y el jefe de Estado, Santiago Peña, fue destituido al ser considerado el principal responsable político de la situación.
Sin embargo, las secuelas de la crisis no desaparecieron. Lxs trabajadorxs del Grupo VMedia, que nuclea a las emisoras 650 AM y la deportiva 1120 AM, los diarios La Tribuna y Crónica, un canal de streaming y los canales televisivos Unicanal y Tres, vieron como de la noche a la mañana, sus salarios quedaron retenidos y los contratos suspendidos unilateralmente por la patronal.
Edson Vázquez, periodista de La Tribuna y dirigente de la Coordinadora de Trabajadores de VMedia, relata los momentos de angustia vividos en la redacción el domingo 3 noviembre, horas antes de que se desatara la crisis: “Nosotros nos desempeñamos con normalidad, nadie nos decía nada. En horas de la noche se materializa la captura de Miguel Vázquez, director y principal cabecilla del grupo, con lo que representó un fuerte golpe para todos nosotros porque sabíamos que estábamos ligados directamente y, por sobre todo, a nivel comercial: nuestros salarios los percibíamos a través de este banco”.
Al día siguiente les notificaron la suspensión de sus contratos sin goce de sueldo por 90 días y las instalaciones del grupo comenzaron a ser vaciadas de equipos. La respuesta no se hizo esperar, trabajadores y trabajadoras financiaron de su bolsillo las constataciones notariales para frenar el desmantelamiento de sus herramientas laborales.
Ante el vacío de poder y la falta de interlocutores patronales, la organización gremial cobró un rol fundamental. “Como sindicato lo que pudimos hacer es un espacio de contención, de acompañamiento a los reclamos de los compañeros, precautelamos los derechos a través de acciones judiciales que se están llevando adelante y además gestionamos los espacios de reunión con el Ministerio del Trabajo”, sintetiza Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) y presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). El respaldo sindical permitió articular una red de apoyo mutuo para asistir las urgencias médicas y alimentarias de las 280 personas que trabajaban en el grupo.
Lejos de resignarse ante la parálisis, el colectivo de prensa dio una muestra de fortaleza organizativa. Tras realizar protestas y escraches durante las audiencias judiciales de los directivos, lxs trabajadorxs tomaron una decisión estratégica para defender las fuentes de trabajo y la integridad de los medios: recuperar las cuentas de redes sociales y los sitios web para reanudar la cobertura informativa. En un contexto donde la línea editorial anterior respondía a los intereses corporativos y oficiales del gobierno, la nueva etapa informativa se volcó a fiscalizar la crisis institucional y a dar voz a las demandas sociales y a las movilizaciones populares.
La experiencia autogestiva también ha comenzado a explorar la viabilidad de adoptar un modelo cooperativo. “Por ahora estamos insistiendo en la necesidad de sostener esto, de poder darle continuidad y ver si podemos apuntar a construir realmente un medio manejado por sus trabajadores”, señala Ortiz. Asimismo, el SPP destaca que este proceso ha fortalecido la base sindical en un sector históricamente marcado por el temor a la represalia patronal, consolidando un reconocimiento profundo hacia la herramienta gremial.
Mientras avanzan las presentaciones judiciales y las mesas de diálogo con el Poder Legislativo y el Ministerio del Trabajo para agilizar los procesos indemnizatorios de los más de 6000 trabajadores afectados en todo el conglomerado empresarial, la solidaridad se ha convertido en el sostén cotidiano. A través de ollas populares, donaciones de medicamentos y la organización de un festival artístico solidario, las familias de prensa procuran paliar el impacto de la crisis.
Uno de los logros inmediatos obtenidos mediante la presión gremial y legal fue la emisión de un dictamen del Ministerio del Trabajo que libera a las y los trabajadores de las restrictivas cláusulas de exclusividad, permitiéndoles buscar alternativas laborales en otros espacios sin perder sus derechos adquiridos. Son “pequeñas victorias que se fueron logrando en una semana” explica Vázquez. Pero advierte que el desafío sigue latente: “Hoy nos mantiene unidos la solidaridad, pero también la incertidumbre de si vamos a poder encontrar un puesto de trabajo en un tramo del año bastante sensible donde se acercan las fiestas”.
Desde la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la FEPALC se ratifica el respaldo a la lucha de lxs trabajadorxs de VMedia, exigiendo a las autoridades judiciales paraguayas garantías estrictas sobre los activos de la empresa, transparencia en los inventarios y una sanción ejemplar para los responsables del vaciamiento. La defensa de la libertad de expresión en la región sigue dependiendo de la dignidad laboral de quienes sostienen cotidianamente el periodismo.
Sin embargo, las secuelas de la crisis no desaparecieron. Lxs trabajadorxs del Grupo VMedia, que nuclea a las emisoras 650 AM y la deportiva 1120 AM, los diarios La Tribuna y Crónica, un canal de streaming y los canales televisivos Unicanal y Tres, vieron como de la noche a la mañana, sus salarios quedaron retenidos y los contratos suspendidos unilateralmente por la patronal.
Edson Vázquez, periodista de La Tribuna y dirigente de la Coordinadora de Trabajadores de VMedia, relata los momentos de angustia vividos en la redacción el domingo 3 noviembre, horas antes de que se desatara la crisis: “Nosotros nos desempeñamos con normalidad, nadie nos decía nada. En horas de la noche se materializa la captura de Miguel Vázquez, director y principal cabecilla del grupo, con lo que representó un fuerte golpe para todos nosotros porque sabíamos que estábamos ligados directamente y, por sobre todo, a nivel comercial: nuestros salarios los percibíamos a través de este banco”.
Al día siguiente les notificaron la suspensión de sus contratos sin goce de sueldo por 90 días y las instalaciones del grupo comenzaron a ser vaciadas de equipos. La respuesta no se hizo esperar, trabajadores y trabajadoras financiaron de su bolsillo las constataciones notariales para frenar el desmantelamiento de sus herramientas laborales.
Ante el vacío de poder y la falta de interlocutores patronales, la organización gremial cobró un rol fundamental. “Como sindicato lo que pudimos hacer es un espacio de contención, de acompañamiento a los reclamos de los compañeros, precautelamos los derechos a través de acciones judiciales que se están llevando adelante y además gestionamos los espacios de reunión con el Ministerio del Trabajo”, sintetiza Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) y presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC). El respaldo sindical permitió articular una red de apoyo mutuo para asistir las urgencias médicas y alimentarias de las 280 personas que trabajaban en el grupo.
Lejos de resignarse ante la parálisis, el colectivo de prensa dio una muestra de fortaleza organizativa. Tras realizar protestas y escraches durante las audiencias judiciales de los directivos, lxs trabajadorxs tomaron una decisión estratégica para defender las fuentes de trabajo y la integridad de los medios: recuperar las cuentas de redes sociales y los sitios web para reanudar la cobertura informativa. En un contexto donde la línea editorial anterior respondía a los intereses corporativos y oficiales del gobierno, la nueva etapa informativa se volcó a fiscalizar la crisis institucional y a dar voz a las demandas sociales y a las movilizaciones populares.
La experiencia autogestiva también ha comenzado a explorar la viabilidad de adoptar un modelo cooperativo. “Por ahora estamos insistiendo en la necesidad de sostener esto, de poder darle continuidad y ver si podemos apuntar a construir realmente un medio manejado por sus trabajadores”, señala Ortiz. Asimismo, el SPP destaca que este proceso ha fortalecido la base sindical en un sector históricamente marcado por el temor a la represalia patronal, consolidando un reconocimiento profundo hacia la herramienta gremial.
Mientras avanzan las presentaciones judiciales y las mesas de diálogo con el Poder Legislativo y el Ministerio del Trabajo para agilizar los procesos indemnizatorios de los más de 6000 trabajadores afectados en todo el conglomerado empresarial, la solidaridad se ha convertido en el sostén cotidiano. A través de ollas populares, donaciones de medicamentos y la organización de un festival artístico solidario, las familias de prensa procuran paliar el impacto de la crisis.
Uno de los logros inmediatos obtenidos mediante la presión gremial y legal fue la emisión de un dictamen del Ministerio del Trabajo que libera a las y los trabajadores de las restrictivas cláusulas de exclusividad, permitiéndoles buscar alternativas laborales en otros espacios sin perder sus derechos adquiridos. Son “pequeñas victorias que se fueron logrando en una semana” explica Vázquez. Pero advierte que el desafío sigue latente: “Hoy nos mantiene unidos la solidaridad, pero también la incertidumbre de si vamos a poder encontrar un puesto de trabajo en un tramo del año bastante sensible donde se acercan las fiestas”.
Desde la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la FEPALC se ratifica el respaldo a la lucha de lxs trabajadorxs de VMedia, exigiendo a las autoridades judiciales paraguayas garantías estrictas sobre los activos de la empresa, transparencia en los inventarios y una sanción ejemplar para los responsables del vaciamiento. La defensa de la libertad de expresión en la región sigue dependiendo de la dignidad laboral de quienes sostienen cotidianamente el periodismo.