El jueves 4 de mayo, luego de las celebraciones a nivel global por el Día Mundial de la Libertad de Prensa, el Congreso de Perú aprobó una serie de medidas que modifica los códigos Penal y Civil para endurecer el castigo en los llamados “delitos contra el honor”. Estas modificaciones amplían las penas privativas de la libertad y aumentan los montos de reparación económica. Esta ley va a contramano de las recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la necesidad de que estos delitos sean castigados con medidas civiles, y constituye un claro acto intimidatorio contra el trabajo periodístico, ya que esta clase de medidas alienta la autocensura y el silenciamiento de voces críticas.
La ANP expresó en un
comunicado que
“la aprobación parlamentaria de esta propuesta, en primera votación, sienta el más nefasto precedente legal contra la actividad peridística de los últimos años”. Además afirma que
“la reforma que se pretende es desmedida e inhibitoria, y por tanto, contraria a la libertad de expresión”. En ese comunicado, también denuncia el uso instrumental de la ley penal para la intimidación de periodistas que ha resultado en 146 casos de colegas que han sido llevadxs a la justicia como consecuencia de sus investigaciones en los últimos cinco años.
Estas modificaciones se dan en el marco de una profunda crisis política y social que estalló en diciembre de 2022 y que tuvo como correlato directo un incremento en la violencia contra lxs trabajadorxs de los medios de comunicación durante las coberturas de las diversas protestas y manifestaciones. Según
un informe presentado por la ANP el 3 de mayo, desde el inicio de la crisis se registraron 183 agresiones contra periodistas y trabajadorxs de prensa. Si bien el pico de violencia se dio en enero de 2023, en los últimos días se vio un recrudecimiento tras los ataques a las instalaciones y amenazas al medio IDL-R por parte del autodenominado grupo “La Resistencia”, e intimidaciones de funcionarios públicos a periodistas por sus investigaciones.
El proyecto aprobado por el Congreso llega para profundizar las ya precarias condiciones en las que se encuentran lxs trabajadorxs de prensa en Perú mediante la criminalización de la labor periodística. La Federación Internacional de Periodistas rechaza esta medida y acompaña a la ANP en su demanda de retracción a lxs legisladorxs que votaron estas modificaciones, ya que las mismas representan una vulneración a la libertad de prensa y al derecho a la información. En un contexto de crisis, la labor de lxs periodistas es fundamental para el sistema democrático. La amenaza de medidas legales contribuye al silenciamiento y la autocensura, y por tanto constituye un peligro para las democracias. El trabajo de lxs periodistas debe ser protegido y no perseguido.
