Víctor Hugo Quijada Tacuri denunció por presunta comisión del delito de violación a la intimidad, uso indebido de archivos computarizados, falsedad genérica, falsificación de documento privado, estafa, tráfico ilegal de datos y suplantación de identidad a las periodistas Graciela Jimena Tiburcio Loayza y Luciana del Carmen Távara Bermejo. Tiburcio Loayza, quien ya tiene ocho denuncias en su contra por parte de la misma persona, recibió una citación en calidad de investigada para rendir declaración policial el reciente 30 de julio.
El Ministerio Público dispuso la apertura de diligencias preliminares contra las dos periodistas y nueve personas más por el artículo periodístico publicado el 18 de marzo del 2021 titulado: “Periodista de Wayka recibe amenazas de muerte por investigar a candidato al congreso” y otra publicación del 25 de febrero del 2021 en la que se señalaba que Quijada Tacuri tenía una denuncia por acoso por parte de un grupo de ex alumnas de un colegio y otra por chantaje a una joven de 18 años a la que amenazó con publicar un video íntimo grabado sin su consentimiento. Ambos hechos fueron debidamente corroborados porque las denuncias se encuentran registradas en archivos policiales. El ex candidato al Congreso intenta probar una presunta conspiración en su contra, que sustenta en la alta viralización que tuvieron las notas publicadas.
Graciela Jimena Tiburcio Loayza, ex trabajadora del portal Wayka, y Luciana del Carmen Távara Bermejo, actual directora del medio,
no es la primera vez que son hostigadas judicialmente y amenazadas por Quijada Tacuri. Según lo informado por la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), esta persona “
ha denunciado a la periodista Graciela Tiburcio por difamación agravada (25/02/2021 y 21/09/2021), ejercicio ilegal de la profesión (04/09/2021), suplantación de identidad (29/08/2021), falsedad genérica (23/08/2021), tráfico ilícito de datos personales (29/08/2021), violación a la intimidad (23/08/2021) y uso indebido de archivos computarizados (23/08/2021), todo esto en distintas fiscalías y juzgados en una estrategia judicial temeraria conocida en la jerga jurídica como ruleteo”.
Desde la Federación Internacional compartimos lo expresado por la ANP cuando afirma que “la sola existencia de nueve denuncias, en diferentes fiscalías de Lima, demuestra un ánimo de hostigamiento contra quienes han cumplido diligentemente su labor informativa”. La hostilidad contra las compañeras también debe ser entendida desde una perspectiva de género, dado que la persecución de la que son víctimas es una forma de disciplinamiento hacia ellas y hacia todas las trabajadoras de prensa que quieran exponer casos de abuso y acoso vinculados al poder político. Expresamos todo nuestro apoyo a las colegas y exigimos que se detenga la criminalización del trabajo periodístico en Perú.
