Según el registro de la Oficina de Derechos Humanos de la ANP, los ataques incluyen amenazas, hostigamiento, agresiones físicas y verbales, así como bloqueos al acceso a la información. Los funcionarios públicos son responsables de 217 ataques, lo que representa más del 29% del total.
El gobierno de Perú ha sido señalado por la ANP como uno de los principales responsables, con 44 casos de agresión a periodistas. Los medios digitales han sido los más hostilizados, con 327 ataques, y las mujeres periodistas han sido objeto de 161 ataques, lo que equivale al 21% del total.
La ANP considera que esta situación es un problema sistémico que refleja la fragilidad de la libertad de expresión y del derecho a ejercer el oficio sin presiones para lxs trabajadorxs de prensa en el Perú, así como la necesidad urgente de garantías para el ejercicio periodístico y de terminar con la impunidad ante estas agresiones.
Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, señaló: "La cifra sin precedentes de ataques a la prensa confirma el franco deterioro de las libertades informativas en el país en los últimos dos años. La presidenta de la República ha acumulado 200 días sin responder a la preguntas de la prensa sobre hechos de alto interés público y ha tenido un discurso estigmatizante contra la labor de la prensa: ha instalado el eufemismo de «terrorismo de imagen» para calificar la crítica periodística".
"Desde la Asociación Nacional de Periodistas del Perú creemos esencial documentar estos casos y visibilizarlos ya que esta situación confirma que el Estado peruano no ha cumplido con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo instó a garantizar actividad periodística en el país".
La Federación Nacional de Periodistas se solidariza con la ANP y alerta ante esta tendencia, especialmente preocupante por el protagonismo de autoridades estatales en las agresiones a lxs colegas. Quienes detentan posiciones de poder en los distintos niveles del Estado deben ser los principales garantes de la libertad de expresión y del derecho a ejercer el oficio periodístico sin violencias.