El pasado 20 de febrero, el Tribunal Constitucional del Perú que dispuso la inmediata libertad de Daniel Urresti, quien había sido condenado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos Saavedra, ocurrido el 24 de noviembre de 1988, en el contexto del conflicto interno peruano.
La condena contra Urresti fue
emitida el 13 de abril de 2023 por la Tercera Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Penal Nacional y
confirmada el 19 de julio de 2024 por la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia. Es, sin dudas, una sentencia firme en uno de los casos emblemáticos de violencia contra la prensa en el Perú. Sin embargo, tras diversos intentos procesales por revertir el fallo, el Tribunal Constitucional ha declarado fundado un hábeas corpus que impide la ejecución de la condena, sobre la base de una interpretación vinculada a la prescripción de los delitos de lesa humanidad.
La FIP coincide con la ANP en que esta decisión no declara la inocencia del condenado ni cuestiona la existencia del crimen. Por el contrario, se trata de una resolución que, mediante un argumento procesal, excluye la aplicación de estándares internacionales sobre la imprescriptibilidad de graves violaciones a los derechos humanos, debilitando los compromisos asumidos por el Estado peruano en el marco del derecho internacional.
El asesinato de Hugo Bustíos constituye uno de los crímenes más emblemáticos contra periodistas en América Latina y formaba parte del reducido grupo de casos en el Perú que habían alcanzado una condena firme tras décadas de lucha contra la impunidad. La decisión del Tribunal Constitucional reabre un preocupante escenario en el que los avances en materia de justicia pueden ser revertidos, enviando un mensaje adverso en la protección de periodistas frente a graves violaciones.
La Federación Internacional de Periodistas reafirma que los crímenes contra periodistas, en particular aquellos vinculados a violaciones graves de derechos humanos, no pueden quedar impunes. La memoria, la verdad y la justicia constituyen pilares esenciales para la democracia y para la garantía del derecho de la ciudadanía a estar informada.
La FIP expresa su solidaridad con la familia de Hugo Bustíos y con el gremio periodístico peruano, y respalda las acciones que se impulsen ante instancias nacionales e internacionales. La lucha contra la impunidad en crímenes contra periodistas es una obligación permanente de los Estados y una condición indispensable para la vigencia plena de la libertad de prensa.