Los mensajes intimidatorios comenzaron el 4 de julio de 2025, intensificándose con el envío de advertencias explícitas, detalles personales y fotografías de armamento.
Según medios locales, la situación vio agravada por la inacción de las autoridades, ya que Gálvez intentó presentar una denuncia formal ante la División de Investigación Criminal, pero su queja fue rechazada con el argumento de que no se trataba de un acto consumado.
La Asociación Nacional de Periodistas (ANP) ha emitido un comunicado sobre este caso, en el que expresó:
"La Asociación Nacional de Periodistas del Perú denuncia la actuación de los efectivos policiales de la División de Investigación Criminal (DEPINCRI) Huaraz quienes le negaron a la periodista el derecho a denunciar las amenazas de muerte recibidas. La ANP demanda que los efectivos que abdicaron a su función sean sometidos de inmediato a proceso disciplinario".
"Al mismo tiempo la ANP demanda se inicie una investigación célere de las amenazas -teniendo en cuenta que este 2025 han sido asesinados dos comunicadores en el país- y requiere de le otorguen las garantías personales del caso como medida inmediata de protección. La ANP se mantendrá vigilante al avance de las investigaciones, la debida identificación de procedencia de las mismas y la individualización de responsabilidades", concluyó la organización.
El comunicado hace referencia a los casos de
Gastón Medina y
Raúl Celis, que reflejan el aumento de la violencia contra lxs trabajadorxs de prensa en el país.
La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con Gálvez y junto a la Asociación Nacional de Periodistas del Perú repudia este hecho y reclama una pronta investigación y las garantías necesarias para preservar la seguridad y el derecho al trabajo de nuestra colega.