La ANP denunció que entre el miércoles 7 y el domingo 11 de diciembre se registraron al menos 21 agresiones a trabajadorxs de prensa en el contexto de los conflictos sociales iniciados luego de la profunda crisis política e institucional que se desató luego de que el ex presidente Pedro Castillo iniciara un proceso de modificación de estructuras del Estado y cierre del Congreso Nacional, el cual sesionó de todas maneras y votó retirar al mandatario de su cargo, quien fue posteriormente detenido.
Ante esta situación,
la ANP expresó su
“absoluto rechazo a cualquier forma de vulneración del orden constitucional y el estado de derecho” y pide cautelarlos en defensa de la democracia.
Las movilizaciones de simpatizantes y opositores, así como la represión policial, ha dejado un saldo de violencia contra periodistas en todo el territorio, según los datos generados por la Oficina de Derechos Humanos de la ANP. Las agresiones van desde ataques verbales, insultos, amenazas, obstrucción a la labor periodística y destrucción de elementos de trabajo, hasta violencia física por medio de golpes, arrojamiento de objetos contundentes, y castigos con cachiporras policiales y gases lacrimógenos.
En un
comunicado, la ANP se refirió a estos hechos:
“rechazamos la agresión de parte de efectivos policiales a reporteros locales junto al intento de decomiso de equipo de trabajo con material periodístico. Esa actuación vulnera deber de fuerzas del orden de garantizar actividad periodística en cobertura de protestas. Asimismo, en estas coberturas, repudiamos que la ciudadanía recurra a la violencia verbal y física para expresar rechazo a la labor de la prensa. Las consignas de ‘prensa basura’, ‘prensa mermelera’, entre otras similares, han escalado a la agresión y hostigamiento que desencadena en la expulsión de nuestros colegas de los lugares donde se desarrolla la protesta, lo que constituye una seria afectación del derecho a la información de la ciudadanía”.
Desde la Federación Internacional de Periodistas expresamos nuestro repudio ante los hechos de violencia registrados contra colegas y nuestra preocupación ante la falta de garantías para que estos hechos se detengan. En circunstancias extraordinarias de crisis institucionales, el rol de lxs trabajadorxs de los medios de comunicación es fundamental para garantizar el derecho de los pueblos a estar informados y en consecuencia, para garantizar los procesos democráticos. Nos mantenemos en alerta ante estos sucesos y acompañamos a nuestra organización afiliada en su preocupación por la protección de la democracia y por la seguridad de lxs periodistas.
