Perú: proyecto de ley del Ejecutivo busca penalizar a quien revele datos en investigaciones penales
El jefe de Ministros Aníbal Torres anunció que enviarán al Congreso un proyecto de ley que propone crear la figura jurídica de “delito de difusión de información fiscal sobre casos penales” y castiga a quien divulgue información de procesos penales con uno y hasta tres años de cárcel. El proyecto alarmó a las organizaciones sindicales que nuclean a lxs trabajadorxs de prensa, que temen que de ser aprobado ponga en riesgo el ejercicio de la libertad de prensa al condicionar las garantías de las fuentes de lxs periodistas.
LUKA GONZALES / AFP
El proyecto de ley que se presentará ante el Congreso tipificaría como delito revelar información de una investigación penal con pena de uno a dos años de cárcel y si quien comete la falta fuera juez, fiscal o miembro de la Policía Nacional de Perú la condena se amplía a por lo menos dos y hasta tres años de prisión. Respecto a si ésta ley condiciona la labor periodística, Torres respondió en la conferencia de prensa otorgada el viernes 24 de junio que: “la investigación penal en su etapa preliminar es reservada. Deja de ser reservada cuando se pasa al juicio oral. Allí es público y no hay reserva”
La Asociación Nacional de Periodistas expresó su preocupación por el proyecto que se filtró a la prensa, pues el texto completo no se ha dado a conocer por los medios oficiales, en un comunicado donde expresó: “Criminalizar a las fuentes genera mordaza y afecta el derecho a saber. La reserva de las fuentes ha sido esencial para revelar en las últimas décadas hechos de interés público. Pretender vulnerar el secreto profesional no solo es inviable, es inconstitucional. Por ellos, deploramos que tanto Ejecutivo y Legislativo, en su condición de poderes del Estado, abandonen s condición garantista de derechos y libertades desnaturalizando su capacidad, propia o delegada, de legislar”
El proyecto de ley ya había sido mencionado por el Ministro de Justicia Félix Chero el viernes 13 de junio, cuando aseguró que la iniciativa no implica perseguir a las fuentes periodísticas ya que los medios “tienen sus propias fuentes.” Y señaló: "No necesariamente el que recibe la información es un periodista. La puede recibir cualquier otra persona que está interesada, justamente, en tener esa información para presionar testigos, para presionar a las partes”.
En el contexto de crecientes obstáculos jurídicos al ejercicio de la libertad de prensa y de expresión a FIP se mantiene alerta ante los avances de estrategias formales para condicionar la labor periodística.