El pasado 29 de octubre, la justicia uruguaya falló contra Doroteo Rody Silva Tort al reconocerlo como autor penalmente responsable de un delito de difamación contra la periodista Silvia Techera. En el marco de la Ley Nº 19.580 de Violencia hacia las Mujeres Basada en Género, fue condenado a la pena de cuatro meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba. La resolución judicial impone además la prestación de servicios comunitarios, prohibición de acercamiento y la eliminación obligatoria de los archivos de sus dispositivos.
Techera, que es corresponsal del noticiero Subrayado en Cerro Largo y periodista de La Voz de Melo, sufrió una virulenta campaña de violencia digital y de género mediante la propagación no autorizada de audios íntimos e injuriosos en aplicaciones de mensajería. Para la FIP, la violencia digital contra trabajadoras de los medios no constituye un conflicto privado, sino una táctica sistemática, misógina y machista orientada a disciplinar, amedrentar y socavar el rol público de las mujeres en el ejercicio del periodismo.
“Esta sentencia constituye un precedente positivo y debe representar un avance concreto en la lucha contra la violencia de género y, particularmente, contra la violencia digital que afecta a las mujeres periodistas en Uruguay, en nuestra región y en el mundo”, señaló Zuliana Lainez, presidenta de la FIP. “Sin embargo, la respuesta judicial no puede limitarse a sancionar al autor material de la difusión; debe alcanzar a todos los responsables. La violencia digital contra las periodistas es una forma de ataque a la libertad de prensa y debe ser enfrentada como tal, sin tolerancia ni espacios de impunidad”, añadió.
En esta línea, la Federación se suma al llamado de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU) hacia el colectivo profesional y los medios de comunicación para dar fiel cumplimiento a los códigos de ética periodística, evitando la amplificación y reproducción irresponsable de materiales lesivos que actúen como cajas de resonancia de estos mensajes de odio.
La FIP ratifica su compromiso con la seguridad de las trabajadoras de prensa e insta al Estado uruguayo a consolidar garantías efectivas y protocolos integrales que protejan a las periodistas ante el acoso cibernético, asegurando el ejercicio del periodismo libre de violencias.