Argentina: el presidente Milei denuncia a cinco periodistas en una semana
Javier Milei presentó nuevas denuncias penales contra al menos cinco periodistas por los delitos de injurias, calumnias y “falsa imputación”. La medida profundiza la estrategia de judicialización de la crítica periodística que el gobierno ya había mostrado. La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con el gremio de prensa argentino y repudia la utilización del sistema judicial como herramienta de amedrentamiento, lo que configura un cercenamiento de hecho de las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión.
El presidente Milei acompañado por su hermana y Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Foto: Tomás Cuesta / AFP
El martes primero de julio, Milei denunció a la periodista Julia Mengolini por supuesta difamación al analizar el vínculo entre el presidente y la secretaria general de la presidencia, Karina Milei.
Apenas un día después, el mandatario presentó nuevas demandas contra los conductores y periodistas Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos, también vinculadas a opiniones y comentarios periodísticos y enmarcadas en el delito de calumnias, injurias y falsa imputación.
El acoso judicial a trabajadorxs de prensa no es poco frecuente en los últimos años en Argentina. Hace apenas dos meses, Milei había denunciado a los periodistas Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa, aunque esas causas fueron rechazadas por la Justicia. Los fallos argumentaron que la libertad de expresión protege las opiniones e informaciones sobre funcionarios y figuras públicas, especialmente cuando se abordan temas de interés colectivo. Desde la reforma del Código Penal en 2009, los delitos de calumnias e injurias pueden considerarse no punibles cuando se vinculan con asuntos de relevancia pública.
En igual sentido, a comienzos de la gestión Milei, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, denunció penalmente a lxs colegas Nancy Pazos y Darío Villarruel por opiniones en el marco de su trabajo periodístico.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, filial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, se expresó sobre esta nueva ofensiva y planteó: "Los ataques oficiales sobre la prensa se agravan a diario".
"Estos ataques que se han vuelto sistemáticos desde diciembre de 2023 con agravios, amenazas, represión y criminalización, recortan la libertad de expresión y el derecho a la información. Buscan amedrentar y silenciar".
El Informe de Libertad de Expresión en Argentina 2024, elaborado conjuntamente por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), FATPREN y SiPreBA, en el marco del proyecto "Fortalecimiento sindical y seguridad en tiempos desafiantes para trabajadores y trabajadoras de prensa en Argentina" de FIP, evidenció un deterioro sin precedentes en las condiciones para el ejercicio del periodismo y el acceso a la información en el país, así como un aumento significativo en los ataques a periodistas.
La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con el gremio de prensa argentino y repudia la utilización del sistema judicial como herramienta de amedrentamiento. La permanente agresividad estatal contra la prensa Argentina configura un cercenamiento de hecho de las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión. Su impacto socava los cimientos mismos de la institucionalidad democrática.
Apenas un día después, el mandatario presentó nuevas demandas contra los conductores y periodistas Jorge Rial, Fabián Doman, Mauro Federico y Nicolás Lantos, también vinculadas a opiniones y comentarios periodísticos y enmarcadas en el delito de calumnias, injurias y falsa imputación.
El acoso judicial a trabajadorxs de prensa no es poco frecuente en los últimos años en Argentina. Hace apenas dos meses, Milei había denunciado a los periodistas Carlos Pagni, Ari Lijalad y Viviana Canosa, aunque esas causas fueron rechazadas por la Justicia. Los fallos argumentaron que la libertad de expresión protege las opiniones e informaciones sobre funcionarios y figuras públicas, especialmente cuando se abordan temas de interés colectivo. Desde la reforma del Código Penal en 2009, los delitos de calumnias e injurias pueden considerarse no punibles cuando se vinculan con asuntos de relevancia pública.
En igual sentido, a comienzos de la gestión Milei, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, denunció penalmente a lxs colegas Nancy Pazos y Darío Villarruel por opiniones en el marco de su trabajo periodístico.
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, filial de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, se expresó sobre esta nueva ofensiva y planteó: "Los ataques oficiales sobre la prensa se agravan a diario".
"Estos ataques que se han vuelto sistemáticos desde diciembre de 2023 con agravios, amenazas, represión y criminalización, recortan la libertad de expresión y el derecho a la información. Buscan amedrentar y silenciar".
El Informe de Libertad de Expresión en Argentina 2024, elaborado conjuntamente por la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires (UBA), FATPREN y SiPreBA, en el marco del proyecto "Fortalecimiento sindical y seguridad en tiempos desafiantes para trabajadores y trabajadoras de prensa en Argentina" de FIP, evidenció un deterioro sin precedentes en las condiciones para el ejercicio del periodismo y el acceso a la información en el país, así como un aumento significativo en los ataques a periodistas.
La Federación Internacional de Periodistas se solidariza con el gremio de prensa argentino y repudia la utilización del sistema judicial como herramienta de amedrentamiento. La permanente agresividad estatal contra la prensa Argentina configura un cercenamiento de hecho de las garantías constitucionales que protegen la libertad de expresión. Su impacto socava los cimientos mismos de la institucionalidad democrática.