Tras los
ataques contra el Congreso Nacional, el Palacio del Planalto y el Supremo Tribunal Federal llevados adelante por seguidorxs del ex presidente Jair Bolsonaro una semana después del cambio de gobierno, el recuento de agresiones a periodistas llegó a 37. Samira de Castro, presidenta de FENAJ, explicó el alcance de la violencia:
“La cobertura de la invasión de la sede de los Tres Poderes en Brasilia el domingo 8 de enero, y la retirada de los campamentos de Bolsonaro frente a cuarteles en los Estados, en los días siguientes, resultó en agresión a decenas de periodistas”. Y agregó:
“una encuesta realizada por FENAJ en colaboración con la Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji), revela que en la capital, durante los actos, hubo 16 casos de agresión. En algunos episodios, incluso robaron a periodistas. Otros dos ataques se produjeron fuera del Distrito Federal, en campamentos bolsonaristas. Las dos organizaciones identificaron un total de 37 incidentes y más de 40 profesionales agredidxs en el ejercicio de su profesión, dado que en algunas situaciones más de una persona fue agredida al mismo tiempo”.
En los días posteriores al ataque a las sedes del gobierno federal en la capital del país, FENAJ registró agresiones, amenazas e impedimento al trabajo de periodistas en
Mato Grosso do Sul,
Recife, Natal,
Acre,
Santa Catarina,
Paraná,
Rio Grande do Norte,
Rio Grande do Sul y
Bahía. La gran mayoría de los hechos sucedieron el lunes 9 de enero en las coberturas de los desalojos de los campamentos bolsonaristas que se habían montado en distintas regiones. Pero lejos de ser sucesos aislados, esta escalada de violencia tiene como antecedente la gran cantidad de ataques cometidos contra trabajadorxs de los medios de comunicación durante toda la gestión del ex mandatario Jair Bolsonaro, quien fue el
principal agresor de periodistas.
Ese mismo lunes 9 de enero, FENAJ junto a otras organizaciones de defensa de los derechos de lxs periodistas y de la libertad de expresión se
reunió con primer ministro de la Secretaría de Comunicación Social (Secom) de la Presidencia de la República, Paulo Pimenta. En ese encuentro, que se realizó en el Palácio do Planalto, la FENAJ estuvo representada por Antônio Paulo Santos, miembro de la Comisión Nacional de Ética, quien solicitó al gobierno de Brasil el apoyo para la creación de la
Convención sobre la Seguridad e Independencia de Periodistas que impulsa la Federación Internacional de Periodistas ante la ONU. También se pidió una amplia investigación para dar con las personas responsables por los ataque sufridos por lxs trabajadorxs de prensa durante los disturbios.
El lunes 16 de enero, a una semana de los hechos de violencia y de la reunión con Paulo Pimenta, Samira de Castro participó de un encuentro
con el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Flávio Dino, quien ayer anunció la creación del Observatorio Nacional de Violencia contra Periodistas. “
Acogiendo la solicitud de los sindicatos de periodistas, vamos a instalar en el Ministerio de Justicia el Observatorio Nacional de Violencia contra Periodistas, con el fin de dialogar con el Poder Judicial y demás instituciones del sistema de justicia y seguridad pública”, escribió el funcionario en su cuenta en twitter. Sobre este avance, la presidenta de FENAJ expresó: "
El anuncio de la creación del Observatorio es el resultado de una década de lucha de la FENAJ y sus sindicatos afiliados para que la seguridad de los periodistas se convierta en política pública. Es necesario que el Estado y los empleadores garanticen el ejercicio profesional libre y seguro de lxs periodistas en Brasil, materializando el acceso a la información y el derecho humano a la comunicación. El Observatorio es un paso importante en esa dirección”.
La Federación Internacional de Periodistas celebra la creación de nuevos instrumentos que ayuden a la protección de lxs trabajadorxs de los medios de comunicación y el reconocimiento del gobierno federal a los reclamos y demandas impulsadas por FENAJ. También se mantiene en alerta ante la escalada de violencia contra periodistas y trabajadorxs de prensa, que representa un ataque a la libertad de expresión, al derecho a la información y en consecuencia a la democracia. En tiempos en los que se pone en juego la continuidad del sistema democrático, la labor de lxs periodistas es fundamental para la toma de decisiones y la defensa de los derechos humanos.