Día Internacional de lxs Periodistas: por un oficio libre de violencia, vigilancia estatal y precarización
Cada 8 de septiembre, el legado del periodista checo Julius Fučík recobra sentido de urgencia en nuestra región. En 2026, el ejercicio periodístico en América Latina continúa siendo un acto de resistencia cotidiana frente a las agresiones del crimen organizado, el espionaje gubernamental, la estigmatización oficial y la asfixia de la precarización laboral.
Crédito: FIP
El 8 de septiembre se conmemora en todo el mundo el Día Internacional de lxs Periodistas, en homenaje al checo Julius Fučík, quien desde las cárceles del régimen Nazi elaboró su obra póstuma Reportaje al pie de la horca, en la que daba testimonio de la resistencia ante la barbarie y de la esperanza en la victoria de quienes defendían la humanidad.
En este marco, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) advierte que América Latina enfrenta un asedio estructural contra quienes garantizan el derecho a la información de la ciudadanía. La violencia no da tregua a quienes investigan los nexos entre el poder político y el narcotráfico. México se mantiene como el territorio más letal del continente, acumulando ocho trabajadores de prensa asesinados en lo que va del año, una lista que incluye crímenes recientes como los de Francisco Alejandro Leyva Aguilar y Ricardo Zúñiga Rosas. En Ecuador, la ejecución del colaborador periodístico René Manuel Cobos Merchán ratifica el altísimo riesgo que recae sobre quienes facilitan la cobertura periodística del crimen organizado en los territorios.
A la amenaza armada se suma la violencia institucional y la vigilancia desplegada desde los propios Estados. En Argentina, el actual gobierno nacional ha consolidado una hostil campaña de estigmatización contra la prensa que funciona como habilitadora de la violencia física: decenas de comunicadores han sido gaseados y heridos por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de protestas sociales, llegando a extremos como la hospitalización de una fotorreportera con heridas graves en la cabeza el pasado mes de agosto.
En paralelo, aunque la histórica condena en Chile por el espionaje ilegal al periodista Mauricio Weibel sentó un precedente clave contra la impunidad de los aparatos de inteligencia, casos como el de Paraguay demuestran que las estructuras estatales continúan utilizándose para la censura. En ese país, el gremio enfrenta campañas coordinadas de hostigamiento digital que estarían siendo financiadas de manera ilícita con recursos públicos.
A esto hay que sumar que la concentración mediática y la intransigencia patronal precarizan deliberadamente la labor informativa, tal como lo evidencia la lucha de lxs periodistas paraguayxs frente al bloqueo empresarial a un reajuste salarial mínimo y legal. Para la FIP, la defensa de la libertad de expresión resulta inseparable de la protección de los derechos laborales.
Defender un periodismo y el derecho a la información exige erradicar el uso de herramientas del Estado contra la prensa, frenar la impunidad de los asesinatos y garantizar ingresos que permitan ejercer el oficio con dignidad. La firmeza, la solidaridad y la organización sindical de quienes ejercemos el periodismo mantiene viva la esperanza y el ejemplo que Fučík legó a la humanidad.
En este marco, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) advierte que América Latina enfrenta un asedio estructural contra quienes garantizan el derecho a la información de la ciudadanía. La violencia no da tregua a quienes investigan los nexos entre el poder político y el narcotráfico. México se mantiene como el territorio más letal del continente, acumulando ocho trabajadores de prensa asesinados en lo que va del año, una lista que incluye crímenes recientes como los de Francisco Alejandro Leyva Aguilar y Ricardo Zúñiga Rosas. En Ecuador, la ejecución del colaborador periodístico René Manuel Cobos Merchán ratifica el altísimo riesgo que recae sobre quienes facilitan la cobertura periodística del crimen organizado en los territorios.
A la amenaza armada se suma la violencia institucional y la vigilancia desplegada desde los propios Estados. En Argentina, el actual gobierno nacional ha consolidado una hostil campaña de estigmatización contra la prensa que funciona como habilitadora de la violencia física: decenas de comunicadores han sido gaseados y heridos por las fuerzas de seguridad durante la cobertura de protestas sociales, llegando a extremos como la hospitalización de una fotorreportera con heridas graves en la cabeza el pasado mes de agosto.
En paralelo, aunque la histórica condena en Chile por el espionaje ilegal al periodista Mauricio Weibel sentó un precedente clave contra la impunidad de los aparatos de inteligencia, casos como el de Paraguay demuestran que las estructuras estatales continúan utilizándose para la censura. En ese país, el gremio enfrenta campañas coordinadas de hostigamiento digital que estarían siendo financiadas de manera ilícita con recursos públicos.
A esto hay que sumar que la concentración mediática y la intransigencia patronal precarizan deliberadamente la labor informativa, tal como lo evidencia la lucha de lxs periodistas paraguayxs frente al bloqueo empresarial a un reajuste salarial mínimo y legal. Para la FIP, la defensa de la libertad de expresión resulta inseparable de la protección de los derechos laborales.
Defender un periodismo y el derecho a la información exige erradicar el uso de herramientas del Estado contra la prensa, frenar la impunidad de los asesinatos y garantizar ingresos que permitan ejercer el oficio con dignidad. La firmeza, la solidaridad y la organización sindical de quienes ejercemos el periodismo mantiene viva la esperanza y el ejemplo que Fučík legó a la humanidad.