Durante la jornada de ayer, el gobierno salvadoreño impulsó una batería de modificaciones legislativas en el marco de su “guerra” contra las pandillas, que ponen en riesgo la libertad de expresión. A partir de estas reformas, se prohíbe a los medios de comunicación la producción y transmisión a la población de mensajes presuntamente originados o vinculados a las maras que puedan generar "zozobra y pánico en la población".
La reforma al Código Penal es para incorporar artículo 345-C, que permitiría penalizar con penas de entre 10 a 15 años de prisión a quien elabore o facilite textos, pinturas, grafitis en propiedad privada y pública «que explícita o implícitamente transmitan mensajes o señales "que hagan alusión a maras o pandillas". El segundo párrafo del mismo artículo impone igual sanción de cárcel para quienes por medio del uso de tecnologías de la comunicación, reproduzcan mensajes originados o presuntamente originados por pandillas.
La APES expresó en un comunicado que consideran a estas reformas “como un claro intento de censura a los medios de comunicación”. También afirman que “prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por las pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de las personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad: no mencionar a las pandillas no las hará desaparecer”.
Tras la publicación de su comunicado, las redes sociales de APES fueron inundadas con mensajes de trolls que acusan a la organización y a lxs periodistas de “defensores” de las maras y pandillas. La utilización de estas herramientas para amedrentar y hostigar a lxs trabajadorxs de prensa evidencia la grave situación en la que se encuentran realizando su trabajo, que quedó expuesta hace pocos meses al descubrirse el
uso del software Pegasus para el espionaje ilegal contra comunicadorxs.
La Federación Internacional de Periodistas expresa su preocupación ante esta escalada de hostilidades contra lxs trabajadorxs de prensa salvadoreñxs y exige que no se instrumenten estas reformas mordaza que criminalizan la labor periodística. También demanda el respeto irrestricto a los derechos humanos y a la libertad de expresión, pilares de las sociedades democráticas que siempre se ven afectados cuando se emprenden acciones represivas bajo la retórica belicista. Vale recordar lo sucedido en México tras el lanzamiento de la “guerra contra las drogas” y sus resultados: hoy es uno de los países más peligrosos del mundo para el ejercicio periodístico.
