#IDEI2024: las amenazas garantizan la impunidad
Las agresiones a periodistas en América Latina tienen una primera expresión en las amenazas, que se han multiplicado en los últimos años, en parte gracias al territorio digital. Estas constituyen, en numerosos casos, la antesala de los ataques físicos y asesinatos. En el Día Internacional para poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, la FIP destaca que las amenazas son parte indivisible de la cadena de violencia que daña la vida de lxs colegas, la libertad de expresión y el derecho a la información.
#IDEI2024
América Latina es la región sin guerras más peligrosa del mundo para el periodismo. Esto es fomentado por un dato insoslayable: se estima que alrededor del 86% de los crímenes contra trabajadorxs de prensa quedan impunes.
Dentro de este gran mapa de la impunidad se incluyen las amenazas, a menudo la primera expresión del espiral de violencia que preanuncia las agresiones física y que tiene consecuencias concretas sobre la vida de lxs colegas y sobre el ejercicio de la profesión. Esto es demostrado claramente con el reciente caso de Nicolás Sánchez Arévalo en Colombia, en el cual a raíz de las amenazas de muerte recibidas, tanto él como el medio en el que trabajan debieron recurrir a la autocensura para preservar la vida.
Dentro de este gran mapa de la impunidad se incluyen las amenazas, a menudo la primera expresión del espiral de violencia que preanuncia las agresiones física y que tiene consecuencias concretas sobre la vida de lxs colegas y sobre el ejercicio de la profesión. Esto es demostrado claramente con el reciente caso de Nicolás Sánchez Arévalo en Colombia, en el cual a raíz de las amenazas de muerte recibidas, tanto él como el medio en el que trabajan debieron recurrir a la autocensura para preservar la vida.
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, en el 70% del territorio del país se ha amenazado al menos a un periodista cada 48 horas durante 2023, principalmente a través de redes sociales y WhatsApp, lo cual muestra otro aspecto de los años recientes: la proliferación de las agresiones en los medios de comunicación digitales.
Esto se corrobora también en Centroamérica: el Informe de Escucha Digital de la Asociación de Periodistas de El Salvador, que releva el primer semestre de 2024, refleja un promedio de más de 80 agresiones diarias a periodistas en redes sociales.
Lejos de ser meras agresiones verbales, las amenazas preceden a la violencia física, como se evidencia en México, donde al menos 8 periodistas que se encontraban en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas fueron asesinadxs, además de los numerosos casos de colegas que pierden la vida habiendo sido previamente amenazados pero sin poder ingresar al Mecanismo.
Si bien el rol del Estado es fundamental para prevenir y castigar las amenazas, Naciones Unidas estima que alrededor del 20% de las agresiones a periodistas en la región involucra a funcionarios públicos o actores estatales.
Argentina constituye un ejemplo notorio de esta tendencia en años recientes, y que incluye un marcado sesgo de género, ya que estudios recientes del colectivo Periodistas Argentinas y de Amnistía Internacional muestran que el crecimiento de las agresiones en redes sociales contra periodistas mujeres tiene como protagonistas a figuras políticas en 1 de cada 4 casos. A su vez, existen determinados temas disparadores de violencia, como los derechos reproductivos (60%), violencia de género (47,3%), derechos humanos (46,1%), política (44,1%) y Educación Sexual Integral (41%), lo cual sugiere también una intención de provocar la autocensura en la cobertura de estos asuntos.
La impunidad, como se evidencia es un aspecto imprescindible para comprender la continuidad de los crímenes contra trabajadorxs de prensa, pero constituye una misma categoría al analizar las condiciones laborales de lxs periodistas en la región y debe ser combatida junto a la precariedad laboral y a la desigualdad por motivos de género. Así, queda una vez más en evidencia la necesidad de que los gobiernos adopten instrumentos en la línea de la Convención Internacional para la protección e independencia de las y los Periodistas, impulsada por la Federación Internacional de Periodistas ante Naciones Unidas.