Patricio Alejandro “N” es el segundo político detenido por el crimen del periodista
Jacinto Romero, quien fue asesinado en agosto de 2021. En julio de ese año, el sospechoso había sido electo como regidor del municipio de Ixtaczoquitlán por el partido Movimiento Ciudadano. Tres meses después del ataque, Roberto Trinidad de la Cruz, regidor electo por el partido Morena en el mismo municipio, también fue vinculado a proceso por el homicidio del reportero. Junto con él, además fueron apresadxs Ana Laura “N” y Casto “N”, este último hermano de la exsíndica de Ixtaczoquitlán, Cándida Ana Hernández Sánchez.
Según fuentes periodísticas, Patricio Alejandro “N” tendría vínculos no sólo con la política local, sino con el Cartel de Jalisco Nueva Generación y habría sido miembro de Los Zetas, otro grupo delictivo de larga trayectoria en territorio mexicano. También se habría desempeñado como policía municipal en Acutzingo. Este es un ejemplo del intrincado entramado de relaciones entre la política, la justicia y el crimen organizado, que perpetúa la impunidad y dificulta el acceso a la justicia, no solo en los casos de trabajadorxs de prensa asesinadxs, sino también en los ataques a personas defensoras de los derechos humanos y activistas.
Jacinto Romero, periodista de 61 años y conductor de Radio Oriestereo FM, ya había recibido amenazas vinculadas a su trabajo durante 2020, por lo que había solicitado a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y a las autoridades estatales que aplicaran los mecanismos pertinentes para su cuidado. Los detalles de la investigación que llevaron a esos arrestos no han trascendido, por lo cual no se han confirmado las motivaciones detrás del crimen. Sin embargo, los antecedentes de amenazas, el perfil de las personas detenidas y el hecho de que fue asesinado dentro de un vehículo que llevaba una identificación de prensa, dan indicios sobre la relación con su actividad profesional.
Según un reciente informe presentado por Rosa Icela Rodríguez, titular de la SSPC, ya han sido detenidas al menos 21 personas vinculadas a los asesinatos de seis de lxs ocho periodistas que murieron en lo que va del 2022. También confirmó la identificación y pedido de captura de otros cinco sospechosos. De acuerdo con el reporte, en el caso de
José Luis Gamboa Arenas ya se tiene identificado el móvil y los autores materiales e intelectuales. En el crimen de
Alfonso Margarito Martínez, actualmente hay 10 detenidos y tres vinculados a proceso. Tras las investigaciones y la conmoción social por el asesinato de
Lourdes Maldonado López, se logró la aprensión de tres personas. Por el caso de
Heber Fernando López hay dos detenidos y dos vinculados a proceso. Por el asesinato de
Juan Carlos Muñiz hasta el momento hay un sospechoso detenido. Y por último, por el crimen de
Armando Linares, el caso más reciente de este año, hay tres presuntos responsables identificados.
La Federación Internacional de Periodistas celebra los avances y resultados en las investigaciones de estos casos, pero se mantiene en estado de alerta por el alza en la violencia contra trabajadorxs de prensa que registró en el país en lo que va del 2022. Ya el año pasado, México había sido identificado como uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, no solo por la cantidad de asesinatos, ataques y amenazas sino por la alta tasa de impunidad, que alcanzó el 98% para esta clase de casos. Que esta situación se revierta es responsabilidad de todos los poderes del Estado, que deben intervenir con políticas activas para la erradicación de la violencia y la protección del derecho a la libertad de expresión y del derecho del pueblo mexicano a recibir información fiable.