México: La FIP exige garantías para el periodista Alberto Amaro Jordán ante nuevas amenazas de muerte
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) condena las agresiones y mensajes intimidatorios contra el periodista mexicano Alberto Amaro Jordán y su familia. Tras haberse refugiado temporalmente en España, de regreso a su país vuelve a ser víctima de hostilidad y desprotección estatal.
Captura de pantalla de una entrevista en España / EFE
El 4 de mayo de 2026, Alberto Amaro Jordán, director del medio digital La Prensa de Tlaxcala, recibió un mensaje de muerte por redes sociales en el que también señalaban posibles ataques contra su familia. Este hecho se suma a un largo historial de persecución, atentados y amedrentamientos que el cronista viene padeciendo de manera sistemática desde el año 2019, tanto por parte de miembros del crimen organizado como agentes estatales. Esta situación motivó que fuera incluido en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno de México
La FIP ya había advertido que estos incidentes evidenciaban la falta de intervención eficaz del gobierno mexicano para salvaguardar a lxs trabajadorxs de prensa. Por este motivo, Amaro Jordán se refugió entre 2024 y 2025 en el Estado español a través de un programa de protección internacional coordinado por Amnistía Internacional. Su reciente retorno al territorio mexicano demuestra que las causas estructurales que lo obligaron a exiliarse permanecen intactas.
A esto se suma que funcionarios estatales han cuestionado el nivel de riesgo real del periodista, lo que supone una omisión de las responsabilidades elementales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, generando zonas de desprotección que facilitan el accionar de los agresores y producen un entorno de mayor impunidad.
Frente a este escenario la FIP exige una evaluación inmediata de riesgo mediante un análisis exhaustivo y transparente; el reforzamiento de medidas de protección física y digital para el periodista y su familia; y una investigación penal que dé con la fuente de las amenazas, identificando y sancionando tanto a los autores materiales como intelectuales.
La FIP ya había advertido que estos incidentes evidenciaban la falta de intervención eficaz del gobierno mexicano para salvaguardar a lxs trabajadorxs de prensa. Por este motivo, Amaro Jordán se refugió entre 2024 y 2025 en el Estado español a través de un programa de protección internacional coordinado por Amnistía Internacional. Su reciente retorno al territorio mexicano demuestra que las causas estructurales que lo obligaron a exiliarse permanecen intactas.
A esto se suma que funcionarios estatales han cuestionado el nivel de riesgo real del periodista, lo que supone una omisión de las responsabilidades elementales del Estado mexicano en materia de derechos humanos, generando zonas de desprotección que facilitan el accionar de los agresores y producen un entorno de mayor impunidad.
Frente a este escenario la FIP exige una evaluación inmediata de riesgo mediante un análisis exhaustivo y transparente; el reforzamiento de medidas de protección física y digital para el periodista y su familia; y una investigación penal que dé con la fuente de las amenazas, identificando y sancionando tanto a los autores materiales como intelectuales.