Esta medida de la empresa, que atenta contra los protocolos establecidos por el Estado paraguayo para la protección e investigación de casos de acoso y abuso sexual en los lugares de trabajo, busca proteger a otras personas en puestos gerenciales que también fueron denunciadas cuando se abrió la primera investigación. Gracias a ese primer paso dado en mayo, la patronal se vio obligada a iniciar un proceso en el que víctimas y testigos evidenciaron no solo el carácter sistemático de las conductas del primer denunciado sino más casos de acosos perpetrados por otros gerentes. La empresa accionó solo en relación al primer denunciado y encubrió al resto, culminando este proceso con los tres despidos de mujeres que habían dado su testimonio.
Según datos recabados por el SPP, Albavisión elaboró una “lista negra” con las personas que atestiguaron y estas tres periodistas desvinculadas no serían las últimas: “la empresa utilizó un mecanismo que debería ser para proteger a víctimas de violencia y acoso en los lugares de trabajo para elaborar una lista negra y despedir colegas, con el fin de proteger a gente denunciada y desalentar cualquier tipo de organización por parte de las compañeras y todxs lxs trabajadorxs de la empresa”, aseguró Santiago Ortiz, secretario general de la organización gremial. “Las tres compañeras que fueron despedidas denunciaron la situación ante el Ministerio de Trabajo y solicitaron una audiencia. La patronal no se presentó, entonces lo que hicimos desde el sindicato, acompañando a las víctimas, fue solicitar que se haga una intervención en la empresa y se constate la violación de la normativa contra el acoso y la violencia laboral por parte de la empresa, además de otras violaciones al derecho laboral vigente en Paraguay. También pedimos que se arbitren los mecanismos necesarios para frenar la persecución a las compañeras que denunciaron”, agregó Ortiz.
Una de las trabajadoras desvinculadas, envió a la Oficina Regional de la Federación Internacional de Periodistas su relato de lo sucedido en el que asegura que “los recientes despidos fueron injustificados, tratándose de tres personas que fueron públicamente visibles en el apoyo de las denuncias contra situaciones de violencia hacia la mujer, dejando un claro mensaje a todos los funcionarios del canal, infundiendo miedo e incertidumbre. Además, altos cargos del canal se encuentran instalando que estamos disfrazando la situación para perjudicar económicamente al canal, cuando nuestro derecho a exigir mejores condiciones se encuentra contemplado en tratados internacionales. Lo que exigimos pide poner en primer lugar la salud de las trabajadoras que fuimos perjudicadas por funcionarios de ese canal, haciendo que varias de nosotras tengamos actualmente terapia psicológica y hasta tratamiento psiquiátrico. El estrés laboral de una supuesta ‘lista negra’ de despedidos, la falta de diálogo de la alta gerencia que no responde mensajes, correos, ni solicitudes de conversaciones, está generando un estado de ansiedad constante en varias de nosotras. El ambiente es hostil, siendo que la mayoría de quienes fuimos parte de los reclamos cumplimos de manera responsable con nuestras funciones, siendo este el principal indicador de que sí deseamos conservar los puestos de trabajo. Lejos de buscar un diálogo amistoso, desde la alta gerencia solo recibimos constantes hostigamientos y maltratos que afectan seriamente nuestra manera de vivir”. La compañera también confirmó que se envió una misiva al CEO del grupo Albavisión, Remigio Ángel González, quien no respondió a la misma. También afirmó que se temen nuevos despidos contra denunciantes y otras personas que apoyaron los reclamos.
Desde la Federación Internacional de Periodistas reiteramos nuestro apoyo y solidaridad a todas las trabajadoras del grupo Albavisión que sufrieron y sufren acoso, hostigamiento y represalias por parte de una empresa que busca proteger sus intereses comerciales y políticos en detrimento de los derechos humanos y laborales de sus periodistas. Demandamos que cesen los despidos y cualquier otro tipo de acción disciplinadora contra las trabajadoras organizadas. Exigimos que los reclamos presentados por las mujeres denunciantes, las compañeras despedidas y por el SPP sean escuchados y se de curso a una investigación exhaustiva que resulte en medidas que garanticen condiciones dignas de trabajo y un espacio laboral libre de todo tipo de violencia, donde haya pleno respeto a los derechos de las mujeres trabajadoras.