Paraguay: el Senado demora el tratamiento del proyecto de Ley de Protección a Periodistas
La cámara alta del parlamento de Paraguay decidió postergar por 15 días el tratamiento del Proyecto de Ley de Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, iniciativa impulsada por el Sindicato de Periodistas del Paraguay y otras organizaciones. La Federación Internacional de Periodistas expresa su preocupación por esta dilación y remarca la evidente urgencia de que el Estado cuente con una herramienta legal que brinde protección fehaciente ante las constantes agresiones y amenazas que sufren lxs trabajadorxs de prensa en todo el país.
Representantes del SPP y organizaciones que impulsan el proyecto debatieron en la cámara alta. Foto: X/ Senado Paraguay.
La decisión, adoptada por mayoría simple en la sesión del 15 de octubre, se da en medio de una ola de denuncias de ataques y amenazas a comunicadores en el país, como lo sufridos este año por los colegas Carlos Benítez en septiembre o Aníbal Gómez en agosto.
Además, la Mesa para la Seguridad de Periodistas documentó 33 agresiones, amenazas y demandas judiciales contra periodistas en 2024, lo cual muestra el carácter sostenido de la situación.
El Sindicato, por su parte, indicó: "Expresamos nuestra preocupación ante la falta de interés de los actores políticos en una temática tan sensible y ante la posibilidad de que esta postergación tenga por finalidad modificar el fondo del proyecto, desvirtuando su objetivo original".
En ese sentido, la organización gremial remarcó que "no existen observaciones técnicas al proyecto que justifiquen esta nueva postergación, más aún cuando el texto fue trabajado de forma coordinada por asesores de diferentes comisiones del Senado, contando con dictámenes favorables".
"Reiteramos la urgencia de que el proyecto sea tratado, aprobado y puesto en práctica, dada la necesidad de contar con un marco legal que garantice el ejercicio seguro del periodismo en un contexto de creciente violencia contra el sector. Recordamos que el Estado paraguayo tiene la obligación de cumplir la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del asesinato del colega Santiago Leguizamón, adoptando medidas efectivas para proteger la vida de quienes ejercen el derecho a informar."
La Federación Internacional de Periodistas expresa su preocupación por esta dilación y remarca la evidente urgencia de que el Estado cuente con una herramienta legal que brinde protección fehaciente ante las constantes agresiones y amenazas que sufren lxs trabajadorxs de prensa en todo el país y que ponen en claro riesgo la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho al trabajo digno y al acceso la información.
Además, la Mesa para la Seguridad de Periodistas documentó 33 agresiones, amenazas y demandas judiciales contra periodistas en 2024, lo cual muestra el carácter sostenido de la situación.
El Sindicato, por su parte, indicó: "Expresamos nuestra preocupación ante la falta de interés de los actores políticos en una temática tan sensible y ante la posibilidad de que esta postergación tenga por finalidad modificar el fondo del proyecto, desvirtuando su objetivo original".
En ese sentido, la organización gremial remarcó que "no existen observaciones técnicas al proyecto que justifiquen esta nueva postergación, más aún cuando el texto fue trabajado de forma coordinada por asesores de diferentes comisiones del Senado, contando con dictámenes favorables".
"Reiteramos la urgencia de que el proyecto sea tratado, aprobado y puesto en práctica, dada la necesidad de contar con un marco legal que garantice el ejercicio seguro del periodismo en un contexto de creciente violencia contra el sector. Recordamos que el Estado paraguayo tiene la obligación de cumplir la condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del asesinato del colega Santiago Leguizamón, adoptando medidas efectivas para proteger la vida de quienes ejercen el derecho a informar."
La Federación Internacional de Periodistas expresa su preocupación por esta dilación y remarca la evidente urgencia de que el Estado cuente con una herramienta legal que brinde protección fehaciente ante las constantes agresiones y amenazas que sufren lxs trabajadorxs de prensa en todo el país y que ponen en claro riesgo la libertad de expresión y de prensa, así como el derecho al trabajo digno y al acceso la información.