En un acto junto a familiares de las víctimas realizado en el Congreso Nacional, se llevó a cabo la presentación del informe
“Rompiendo el silencio: Crímenes de silenciamiento contra periodistas en Paraguay 1989–2024”, un trabajo que documenta que
22 periodistas fueron asesinados desde el retorno a la democracia hasta la fecha, y que revela que tan solo
tres casos han alcanzado sentencia judicial completa. Los otros 19 permanecen impunes, configurando un mensaje de desprotección que se extiende a toda la prensa paraguaya. El informe, elaborado por la CODEHUPY en colaboración con el SPP, reconstruye cada caso en detalle, identifica patrones de violencia vinculados al crimen organizado, al contrabando y a estructuras de poder político-empresarial, y expone los riesgos que enfrentan lxs comunicadorxs.
La investigación destacó que muchos de lxs asesinadxs habían recibido amenazas previas o habían denunciado hostigamientos sin obtener protección del Estado. Esta sistematicidad, según el informe, revela la persistencia de factores estructurales que permiten que los crímenes contra periodistas se repitan sin consecuencias y que la prensa siga siendo un blanco para quienes buscan silenciar investigaciones incómodas.
Santiago Ortiz, secretario general del SPP destacó que “este es un paso en la lucha contra la impunidad y un paso a futuro, en la búsqueda para que esto nunca más vuelva a ocurrir”. “Es necesario que exista protección y acompañamiento para que se garantice el libre ejercicio del periodismo”, afirmó y también agregó que muchos de estos crímenes fueron cometidos contra periodistas comunitarios que trabajaban en medios locales.
En su presentación, la CODEHUPY señaló: “Este informe es un homenaje, pero también un llamado a seguir defendiendo la palabra, a seguir denunciando la impunidad, a seguir creyendo que la verdad y la justicia, por más amenazadas que estén, tienen siempre la última palabra.”
La FIP, a la vez que celebra el lanzamiento de este informe, expresa su preocupación por la continuidad de estos crímenes y la ausencia de respuestas institucionales e insta al Estado paraguayo a asumir con urgencia la responsabilidad que le compete, garantizando investigaciones serias y eficaces, fortaleciendo mecanismos de protección para periodistas, en especial para quienes trabajan en zonas de riesgo o investigan crimen organizado. Es necesario que se avance en marcos legales que aseguren condiciones dignas y seguras para el ejercicio de la labor informativa, tal como lo es la
Ley de Protección a Periodistas que impulsa el SPP con el apoyo de la CODEHUPY y el acompañamiento de la FIP. Solo con un compromiso firme por la verdad, la justicia y la memoria será posible revertir el mensaje de impunidad que por décadas ha condicionado el periodismo en el país.