Perú: informe anual de la ANP registra 458 ataques contra periodistas y confirma 2025 como el año más letal del siglo
El informe anual de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) documentó una escalada inédita de la violencia contra la prensa, con cuatro periodistas asesinados y un uso creciente del aparato estatal para hostigar a periodistas y medios de comunicación. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) expresa su profunda preocupación por los datos expresados en el informe y exige al Estado peruano medidas urgentes de prevención de la violencia y protección a trabajadores y trabajadoras de la prensa.
Crédito: ANP
La Asociación Nacional de Periodistas del Perú presentó su informe anual sobre violencia contra periodistas y medios de comunicación, elaborado por la Oficina de los Derechos Humanos (OFIP), que revela que durante 2025 se registraron 458 ataques contra la prensa en el país. El balance confirma que este ha sido el año más letal para el ejercicio del periodismo en lo que va del siglo, con cuatro periodistas asesinados, en un contexto persistente de intimidación, restricciones al derecho a informar y altos niveles de impunidad.
Según el relevamiento, las amenazas y actos de hostigamiento concentraron la mayor cantidad de ataques (127 casos), seguidos por agresiones físicas y verbales (114). El informe advierte además sobre el uso recurrente de mecanismos legales y administrativos como forma de presión, con 46 casos de intimidación judicial y cuatro sanciones o presiones administrativas, una tendencia que evidencia la instrumentalización del aparato estatal para desalentar investigaciones periodísticas. En promedio, durante 2025 se produjo más de un ataque por día, con 38 agresiones mensuales.
El impacto más grave del año se expresa en la violencia letal. Cuatro periodistas fueron asesinados: Gastón Medina Sotomayor (Ica), Raúl Celis López (Iquitos), Fernando Nuñez Guevara (Pacasmayo) y Mitzar Castillejos (Aguaytía). Estos crímenes, según advierte la ANP, ocurrieron en un escenario de impunidad estructural, con investigaciones que no avanzan con la celeridad ni la diligencia necesarias, reforzando el riesgo para quienes ejercen el periodismo en el país. Según datos de la FIP, hacía casi una década que en Perú no se documentaban asesinatos de trabajadores de los medios de comunicación.
El informe también identifica picos de conflictividad asociados a coyunturas políticas y sociales de alta tensión. Septiembre fue el mes más crítico, con 75 ataques, seguido por octubre (48) y julio (47), lo que da cuenta de un patrón de violencia que se intensifica en momentos clave del debate público.
En cuanto a los responsables de las agresiones, el relevamiento señala que funcionarios públicos encabezaron la lista, con 217 ataques, seguidos por agentes de las fuerzas de seguridad (121). En conjunto, actores estatales concentraron más del 70 % de las agresiones registradas, un dato alarmante que pone en evidencia el rol del Estado no solo como garante, sino también como protagonista de las vulneraciones a la libertad de prensa. El informe también registra ataques perpetrados por civiles, sujetos no identificados y empleadores, reflejando la precariedad laboral y la falta de protección en determinados entornos de trabajo.
Por tipo de medio, el periodismo digital fue el más atacado, con 219 casos, seguido por la prensa televisiva (108), escrita (66) y radial (65), confirmando que el entorno digital —clave para la investigación y la fiscalización del poder— se ha convertido en uno de los principales blancos de agresiones y discursos estigmatizantes. En términos de impacto por género, los hombres concentraron la mayor cantidad de ataques, mientras que las mujeres periodistas enfrentaron agresiones atravesadas, en muchos casos, por componentes de acoso, violencia simbólica y descrédito profesional.
La Federación Internacional de Periodistas se suma a la preocupación de la ANP y subraya que los ataques contra la prensa en Perú no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático que busca silenciar voces críticas, inhibir la investigación periodística y restringir el debate público. La FIP exige al Estado peruano que adopte medidas urgentes para prevenir la violencia, proteger a las y los periodistas e investigar de manera exhaustiva todos los ataques, sancionando a los responsables materiales e intelectuales. Garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo es una obligación indelegable y un requisito esencial para la vigencia de la democracia y el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Según el relevamiento, las amenazas y actos de hostigamiento concentraron la mayor cantidad de ataques (127 casos), seguidos por agresiones físicas y verbales (114). El informe advierte además sobre el uso recurrente de mecanismos legales y administrativos como forma de presión, con 46 casos de intimidación judicial y cuatro sanciones o presiones administrativas, una tendencia que evidencia la instrumentalización del aparato estatal para desalentar investigaciones periodísticas. En promedio, durante 2025 se produjo más de un ataque por día, con 38 agresiones mensuales.
El impacto más grave del año se expresa en la violencia letal. Cuatro periodistas fueron asesinados: Gastón Medina Sotomayor (Ica), Raúl Celis López (Iquitos), Fernando Nuñez Guevara (Pacasmayo) y Mitzar Castillejos (Aguaytía). Estos crímenes, según advierte la ANP, ocurrieron en un escenario de impunidad estructural, con investigaciones que no avanzan con la celeridad ni la diligencia necesarias, reforzando el riesgo para quienes ejercen el periodismo en el país. Según datos de la FIP, hacía casi una década que en Perú no se documentaban asesinatos de trabajadores de los medios de comunicación.
El informe también identifica picos de conflictividad asociados a coyunturas políticas y sociales de alta tensión. Septiembre fue el mes más crítico, con 75 ataques, seguido por octubre (48) y julio (47), lo que da cuenta de un patrón de violencia que se intensifica en momentos clave del debate público.
En cuanto a los responsables de las agresiones, el relevamiento señala que funcionarios públicos encabezaron la lista, con 217 ataques, seguidos por agentes de las fuerzas de seguridad (121). En conjunto, actores estatales concentraron más del 70 % de las agresiones registradas, un dato alarmante que pone en evidencia el rol del Estado no solo como garante, sino también como protagonista de las vulneraciones a la libertad de prensa. El informe también registra ataques perpetrados por civiles, sujetos no identificados y empleadores, reflejando la precariedad laboral y la falta de protección en determinados entornos de trabajo.
Por tipo de medio, el periodismo digital fue el más atacado, con 219 casos, seguido por la prensa televisiva (108), escrita (66) y radial (65), confirmando que el entorno digital —clave para la investigación y la fiscalización del poder— se ha convertido en uno de los principales blancos de agresiones y discursos estigmatizantes. En términos de impacto por género, los hombres concentraron la mayor cantidad de ataques, mientras que las mujeres periodistas enfrentaron agresiones atravesadas, en muchos casos, por componentes de acoso, violencia simbólica y descrédito profesional.
La Federación Internacional de Periodistas se suma a la preocupación de la ANP y subraya que los ataques contra la prensa en Perú no son hechos aislados, sino parte de un patrón sistemático que busca silenciar voces críticas, inhibir la investigación periodística y restringir el debate público. La FIP exige al Estado peruano que adopte medidas urgentes para prevenir la violencia, proteger a las y los periodistas e investigar de manera exhaustiva todos los ataques, sancionando a los responsables materiales e intelectuales. Garantizar condiciones seguras para el ejercicio del periodismo es una obligación indelegable y un requisito esencial para la vigencia de la democracia y el derecho de la ciudadanía a estar informada.