Paraguay: condenan a 10 años de prisión a ex directivo de Albavisión por acoso sexual y laboral
Este fallo llega luego de más de tres años desde fueron presentadas las denuncias de las trabajadoras del grupo Albavisión. La Federación Internacional de Periodistas (FIP) celebra junto al Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) la condena unánime contra Carlos Granada y expresa su solidaridad con las colegas afectadas.
Trabajadoras de prensa reclaman en la puerta del Sistema Nacional de Televisión en 2023 / Crédito: Red de Mujeres Periodistas y Comunicadoras del Paraguay
A horas de haberse conmemorado una nueva edición del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, un Tribunal de Sentencias de Paraguay condenó por unanimidad a 10 años de prisión al exgerente de prensa del Grupo Albavisión, Carlos Granada, tras hallarlo culpable de los delitos de coacción, coacción sexual y acoso sexual cometidos contra trabajadoras de prensa bajo su supervisión. La sentencia llega después de más de dos años de denuncias sostenidas por las víctimas, quienes enfrentaron presiones, intentos de silenciamiento y represalias dentro de la empresa.
Este fallo llega luego de que múltiples trabajadoras de los medios del grupo Albavisión denunciaran situaciones de acoso sexual y hostigamiento, y luego fueran víctimas de persecución laboral en represalia por haber alzado la voz. Una de ellas, que además había sido despedida, fue querellada por injurias y finalmente absuelta tras apoyar a sus colegas denunciantes. Todos estos hechos forman parte del mismo escenario de violencia estructural que permitió el accionar de Carlos Granada, evidenciando la falta de mecanismos efectivos de protección dentro de las empresas de comunicación.
En su comunicado, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) afirmó: “Esta sentencia de 10 años de cárcel, aunque tardía, representa una mínima pero importante reparación para quienes tuvieron la valentía de denunciar, pese a las presiones y el silenciamiento que históricamente enfrentan las trabajadoras en los medios de comunicación. El caso debe convertirse en un precedente firme que impida la repetición de estas prácticas dentro del sector”.
La FIP reitera su solidaridad con las víctimas y respalda el trabajo del SPP en la defensa de las trabajadoras de prensa. Asimismo, insta a las empresas del sector a implementar medidas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual y laboral, y llama a las autoridades paraguayas a garantizar procedimientos ágiles, seguros y libres de represalias. Esta sentencia es un paso fundamental, pero la transformación estructural del sector sigue siendo urgente e imprescindible.
Este fallo llega luego de que múltiples trabajadoras de los medios del grupo Albavisión denunciaran situaciones de acoso sexual y hostigamiento, y luego fueran víctimas de persecución laboral en represalia por haber alzado la voz. Una de ellas, que además había sido despedida, fue querellada por injurias y finalmente absuelta tras apoyar a sus colegas denunciantes. Todos estos hechos forman parte del mismo escenario de violencia estructural que permitió el accionar de Carlos Granada, evidenciando la falta de mecanismos efectivos de protección dentro de las empresas de comunicación.
En su comunicado, el Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) afirmó: “Esta sentencia de 10 años de cárcel, aunque tardía, representa una mínima pero importante reparación para quienes tuvieron la valentía de denunciar, pese a las presiones y el silenciamiento que históricamente enfrentan las trabajadoras en los medios de comunicación. El caso debe convertirse en un precedente firme que impida la repetición de estas prácticas dentro del sector”.
La FIP reitera su solidaridad con las víctimas y respalda el trabajo del SPP en la defensa de las trabajadoras de prensa. Asimismo, insta a las empresas del sector a implementar medidas efectivas para prevenir, sancionar y erradicar el acoso sexual y laboral, y llama a las autoridades paraguayas a garantizar procedimientos ágiles, seguros y libres de represalias. Esta sentencia es un paso fundamental, pero la transformación estructural del sector sigue siendo urgente e imprescindible.